El Consejo de Estado condenó a la Nación por la mala praxis que dejó lisiado de por vida a un niño de cuatro años en la Clínica de la Policía de Envigado. La sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, conocida el 5 de octubre, confirma que hubo falla en el servicio y ordena indemnizar a la familia por los daños causados.
Todo comenzó el 9 de junio de 2008, cuando los padres llevaron al menor a urgencias por un cuadro febril que no cedía con los medicamentos que tenían en casa. El niño era beneficiario de los servicios de salud de la Policía por la afiliación de su padre. En el centro asistencial le diagnosticaron una infección aguda de las vías respiratorias y el médico ordenó una inyección intramuscular de dipirona sódica para aliviar los síntomas.
La aplicación quedó en manos de una auxiliar de enfermería, que le puso el medicamento en el glúteo derecho. El niño gritó, se orinó y se desmayó. Según la demanda, cuando recuperó la conciencia las enfermeras reaccionaron con indiferencia e incluso dijeron que se trataba de un niño mimado.
El dolor que no cesó
Los padres volvieron a casa esa madrugada con la esperanza de que el malestar pasara, pero el dolor se hizo permanente en la pierna derecha. Cuando llamaron a urgencias les respondieron que la molestia podía durar hasta un mes. Las citas y remisiones se sucedieron sin que el cuadro mejorara.
Con el paso de las semanas llegó el diagnóstico: lesión en el nervio ciático derecho. El 10 de julio de 2008, Medicina Legal determinó que el menor presentaba cojera del miembro inferior derecho, contractura del muslo y dolor permanente, y le otorgó una incapacidad de 180 días. El dictamen también registró “deformidad física permanente” y “perturbación funcional permanente del órgano de la locomoción”. Un examen posterior de la Universidad CES estableció una pérdida de capacidad laboral del 35 %.
Las secuelas que marcaron su infancia
El dolor constante lo llevó a depender de la morfina y a desarrollar una adicción grave que desencadenó trastornos psicológicos severos. Cuando se le retiró el opiáceo, para 2013, el niño presentó dos intentos de suicidio. Un año después, una evaluación sicológica concluyó que tenía un trastorno por dolor crónico asociado a factores psicológicos y a su condición médica.
La situación afectó a toda la familia. Una vecina relató en el proceso que la madre se encadenó en el Palacio de Justicia y en La Alpujarra para pedir ayuda, y que tuvieron que vender la vivienda y el negocio familiar. “La mamá se volvió más depresiva, la niña menor sufre mucho más cuando el hermanito no puede caminar”, declaró.
El largo camino judicial
Los padres presentaron dos demandas contra el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, una por el menor y otra que incluyó a la abuela, un tío y las dos hermanas del niño. Un perito concluyó que, sin la aplicación indebida de la inyección, el daño no se habría producido.
El 24 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la Nación al pago de perjuicios morales, daño a la salud y perjuicios materiales. La entidad apeló y sostuvo, entre otros argumentos, que el estado del menor se debía a un supuesto incumplimiento de la madre en el cuidado y a que la auxiliar de enfermería había sido despedida.
El Consejo de Estado desestimó esa versión y acreditó un “daño antijurídico, cierto, personal y permanente” causado por aplicar la inyección por fuera de la zona anatómica de seguridad. Con ese sustento, ordenó indemnizar a la familia por perjuicios morales, daño a la salud, lucro cesante y daño emergente.
Hoy el joven tiene 22 años y lleva 18 conviviendo con las secuelas de aquella inyección. El fallo cierra un proceso de casi dos décadas, pero no repara las afectaciones físicas y psicológicas que marcan su vida diaria.