La Alcaldía de Carlos Fernando Galán alista una reforma administrativa que contempla fusionar o suprimir varias entidades distritales y trasladar sus funciones a secretarías. El borrador de acuerdo, que se presentaría al Concejo de Bogotá en 2027, también incluye la creación de un fondo mixto para la cultura, la posible venta o liquidación de Ágata y la disolución de la EGAT.
Los traslados previstos
De acuerdo con información divulgada, el documento plantea que el Departamento Administrativo del Servicio Civil quede adscrito a la Secretaría General; el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), a la Secretaría de Hacienda; y el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), a la Secretaría de Educación.
En el mismo sentido, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) pasaría a la Secretaría de Integración Social, mientras que el Instituto para la Economía Social (IPES) quedaría bajo la Secretaría de Desarrollo Económico.
Idartes absorbería a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA). Además, el borrador prevé crear el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Bogotá, una entidad sin ánimo de lucro con aportes públicos y privados, vinculada a la Secretaría de Cultura.
La venta de Ágata y el cierre de la EGAT
El texto va más allá del traslado de funciones entre organismos. El proyecto otorgaría al alcalde la facultad de vender o liquidar la Agencia Analítica de Datos del Distrito (Ágata). Sus funciones operativas pasarían a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) o a la Secretaría General, según lo que se defina.
También incluye disolver y liquidar la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica (EGAT), encargada de prestar servicios técnicos y administrativos al sector salud.
Continuidad y derechos de los trabajadores
El borrador establece que los programas, las funciones y los contratos de las entidades reorganizadas seguirían vigentes en los organismos que asuman esas responsabilidades, sin interrupciones. Asimismo, garantizaría los derechos de carrera administrativa y las convenciones colectivas de los trabajadores.
Nada de esto ha ocurrido todavía. Las entidades siguen operando y sus funciones no han sido trasladadas. La propuesta deberá ser presentada y discutida en el Concejo de Bogotá, que tendrá que estudiar su alcance antes de que pueda convertirse en una decisión administrativa.
El debate no se limitará a contar cuántas entidades desaparecen. Los concejales tendrán que revisar los estudios que sustentan la integración, el impacto en la prestación de los servicios y las consecuencias para los trabajadores y para los programas que hoy ejecutan esas dependencias.