Más de 200 estudiantes del Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá, enviaron una carta al Gobierno nacional para pedir que se escuchen sus razones y se busquen alternativas que les permitan seguir en el colegio. La misiva está fechada el 9 de noviembre y fue dirigida al presidente, a la primera dama y al vicepresidente.
La petición se conoce después de que la Gobernación de Cundinamarca ratificara la cancelación de la licencia de funcionamiento. La decisión quedó consignada en la Resolución 007360 del 14 de octubre de 2026, que resolvió la apelación presentada por el colegio y confirmó lo decidido en junio, cuando la institución fue declarada administrativamente responsable en el marco del proceso.
El caso está vinculado con la desaparición y muerte de Valeria Afanador, una niña de 10 años que desapareció el 12 de agosto de 2025 cuando se encontraba en el plantel. Su cuerpo fue encontrado el 29 de agosto en el sector de Fagua, cerca del río Frío, a unos 220 metros del colegio. El hecho abrió cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y vigilancia de la institución y dio lugar a actuaciones administrativas y penales.
La voz de los estudiantes
La carta nació de una iniciativa de estudiantes de décimo, de la promoción que espera graduarse en 2027, y recibió el respaldo de alumnos de otros cursos y de trabajadores. En el texto reconocen el dolor que dejó la muerte de Valeria y la necesidad de esclarecer lo ocurrido, pero sostienen que las consecuencias no deberían recaer también sobre niños y adolescentes que no tuvieron responsabilidad en los hechos.
“Somos niños y jóvenes. También tenemos sentimientos, también necesitamos tranquilidad y también merecemos estabilidad emocional”, escribieron. Los estudiantes describieron meses marcados por la tristeza, la angustia y la incertidumbre sobre su futuro escolar. Algunos temen perder los apoyos que reciben en la institución y que, aseguran, no han encontrado en otros colegios; otros advierten que un traslado podría interrumpir procesos educativos y terapéuticos que adelantan desde hace varios años.
Uno de los argumentos que más se repite es el de los alumnos de décimo, a quienes les falta un año para terminar el bachillerato y quieren graduarse juntos en 2027, como lo habían planeado. También mencionan a los niños de cursos inferiores, que han preguntado qué pasará con el colegio y que, según la carta, se sienten seguros y acompañados allí.
Qué piden y qué implica el cierre
Los firmantes solicitaron a las autoridades escuchar a estudiantes, familias y profesores, y estudiar salidas que protejan la continuidad de su educación. El comunicado que acompañó la carta estima que cerca de 100 personas dependen de la actividad del colegio, entre docentes, personal administrativo, cocina, mantenimiento y transporte.
La medida también contemplaba un plan de reubicación individual para los estudiantes, con atención especial para quienes tienen discapacidad, necesidades educativas especiales o siguen procesos terapéuticos. Además, preveía acompañamiento psicosocial y acciones para prevenir la estigmatización y el ciberacoso, mientras la Secretaría de Educación de Cundinamarca debía divulgar la oferta educativa disponible en Sabana Centro.
Mientras el proceso administrativo avanza, la carta señala que la decisión también se discute ante instancias judiciales, aunque no precisa cuáles son los procesos ni su alcance. La institución sostiene que el futuro definitivo del colegio dependerá de lo que resuelva la justicia.
Los estudiantes cerraron su petición con una frase que resume su reclamo: “No les pedimos que olviden lo que pasó. Les pedimos que no se olviden de nosotros”.