Dos sentencias de la Corte Constitucional colombiana que protegieron a una mujer trans venezolana y a una familia nigeriana recibieron un reconocimiento del Tribunal Supremo de México. Los fallos fueron destacados por garantizar el debido proceso y los derechos de personas migrantes en un contexto regional de endurecimiento de las políticas migratorias.
La primera decisión, identificada como T-110 de 2026, analizó el caso de una mujer trans venezolana que aseguró que regresar a su país ponía en riesgo su vida bajo el régimen chavista. La advertencia la presentó ante la Policía y funcionarios de la Cancillería, y reunió 98 folios con las razones por las cuales temía ser capturada o asesinada si volvía.
A pesar de sus argumentos, Migración Colombia la detuvo y la entregó a oficiales venezolanos en el Puente de Tienditas, en Cúcuta. La Corte ordenó garantizar el principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un lugar donde su vida o su integridad corran peligro, y exigió a Migración y a la Cancillería crear un protocolo para evaluar la vulnerabilidad de cada caso antes de ordenar una deportación.
Siete meses después, Migración Colombia no ha cumplido esas órdenes y está en riesgo de desacato. La entidad y la Cancillería no respondieron a las solicitudes de explicación sobre las demoras. «Detrás de cada expediente hay personas que han enfrentado el temor de regresar a su país», dijo Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional.
El segundo fallo, T-156 de 2025, amparó a una familia nigeriana del pueblo igbo y de religión cristiana que llegó a Colombia para participar en una feria artesanal. Sus integrantes argumentaron que la violencia y la persecución en Nigeria ponían en riesgo sus vidas. En el país nacieron sus dos hijas y la familia solicitó el reconocimiento de la condición de refugiados.
La Cancillería negó la solicitud al considerar que no había pruebas suficientes de persecución. La Corte Constitucional revisó una tutela y concluyó que negar el refugio no autorizaba al Estado a devolverlos automáticamente a un país donde su vida e integridad estuvieran en peligro. Por eso ordenó una visa como medida complementaria, documentos de viaje y la nacionalidad colombiana para una de las hijas, que estaba en riesgo de apatridia.
Un contexto regional restrictivo
El reconocimiento llega en un momento en que varios países de la región han endurecido sus políticas migratorias. Informes de la Organización Internacional para las Migraciones y del Instituto de Políticas Migratorias señalan que, en los últimos cinco años, cerca del 50 % de los países de la región adoptaron medidas de persecución, restricción o expulsión de extranjeros.
Estados Unidos es el caso más visible: cifras no oficiales indican que cerca de un millón de personas han sido deportadas. Chile, Argentina, Perú y, más recientemente, Colombia también han girado hacia discursos más restrictivos. El presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado una acción expedita contra la llamada «migración ilegal» y, en los últimos tres meses, su Gobierno ha deportado a 1.000 personas, un promedio de una expulsión cada dos horas y media.
Para Ale Gómez, abogado de Refugiados Unidos, una de las organizaciones que litigó uno de los casos, las sentencias muestran que la protección es posible y que migrar, más allá del estatus, es un derecho. A su juicio, los fallos crean precedentes para evitar que situaciones similares se repitan con otras familias extranjeras.
La Corte Constitucional añadió que el acceso a la justicia no se limita a llegar a un tribunal, sino a contar con condiciones para ejercer los derechos en igualdad. El reconocimiento del Tribunal Supremo de México, según los magistrados, también es un respaldo a esa idea: detrás de cada decisión migratoria hay una persona cuya vida puede estar en riesgo.