Al menos cuatro personas murieron este sábado 19 de septiembre en un ataque militar de Estados Unidos contra una lancha rápida en el Caribe que, según el Comando Sur (SOUTHCOM), operaba en rutas establecidas para el narcotráfico.
La operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo la dirección de SOUTHCOM, que informó de la acción en su cuenta de X. "La inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico", señaló la institución militar, que identificó a los cuatro fallecidos como "narcoterroristas".
El reporte no entregó información sobre la identidad de las víctimas ni precisó la ubicación exacta del ataque.
Fue la segunda operación de este tipo en nueve días: el pasado 10 de septiembre otra lancha rápida fue atacada en el océano Atlántico y murieron tres personas, a quienes las autoridades estadounidenses también calificaron de "narcoterroristas".
Controversia jurídica y balance de las operaciones
La administración estadounidense ha sostenido que los tripulantes de estas lanchas están vinculados con redes consideradas organizaciones "terroristas" o criminales transnacionales y que, por esa razón, las operaciones pueden ejecutarse con fuerza militar en lugar de procedimientos policiales tradicionales. Las fuerzas destinadas a estas acciones también participaron en la misión de captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas, el pasado 3 de enero.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han cuestionado la legalidad de estos operativos. Entre sus reparos está la falta de verificaciones independientes sobre la identidad de los fallecidos y sus presuntos vínculos con redes de narcotráfico, además de la ausencia de información independiente que permita comprobar las acusaciones usadas para justificar los ataques.
El balance acumulado de las operaciones supera las 200 personas muertas, según recuentos difundidos en los últimos días. Un reporte de Associated Press contabilizó al menos 231 fallecidos en 69 ataques militares durante el último año, aunque las cifras pueden variar según la metodología utilizada.
El debate también alcanza el marco jurídico internacional. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales, con dos excepciones: las intervenciones autorizadas por el Consejo de Seguridad y la legítima defensa frente a un ataque armado. En este caso no existe una autorización del Consejo de Seguridad, mientras las autoridades estadounidenses defienden las operaciones como parte de su lucha contra redes vinculadas al narcotráfico.