Quince países del hemisferio occidental anunciaron el Escudo de las Américas, una estrategia conjunta para enfrentar a organizaciones narcoterroristas transnacionales mediante sanciones financieras, restricciones migratorias, cooperación multilateral y eventuales acciones bajo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
La declaración fue divulgada el 22 de septiembre de 2026 por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Estados Unidos.
Medidas anunciadas contra 24 estructuras
Como primera medida operativa, los gobiernos anunciaron acciones coercitivas coordinadas contra 24 estructuras delictivas transnacionales. Entre las medidas previstas están el congelamiento de activos, las restricciones de visado e inmigración para miembros o colaboradores y el procesamiento penal de quienes brinden apoyo logístico o material.
La lista incluye a Mara Salvatrucha, el Tren de Aragua, Carteles Unidos, el Cartel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana, el Cartel del Noreste, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa, Gran Grif, Viv Ansanm, Los Lobos, Los Choneros y Barrio 18.
También aparecen el Cartel de Los Soles, el Clan del Golfo, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Asesinos de espinas, Los Viagras, el Cártel de Juárez —La Línea—, grupos disidentes de las FARC, el ELN, Sendero Luminoso y Los Tiguerones.
Solicitud ante la OEA
Los países acordaron solicitar formalmente al presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos la convocatoria de una reunión de consulta. El objetivo es constituir el Órgano de Consulta previsto en los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
Una vez creado ese órgano a nivel ministerial, los gobiernos evaluarán la adopción de una resolución que facilite la acción colectiva regional. Los países participantes que no hacen parte del tratado expresaron su respaldo y dijeron que colaborarán dentro de los límites de sus ordenamientos jurídicos.