Las mujeres migrantes que buscan acceder a un aborto en Estados Unidos enfrentan una combinación de restricciones legales, dificultades económicas, separación familiar y temor a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Megan Jeyifo, directora ejecutiva del Chicago Abortion Fund (CAF), explicó que la organización recibe solicitudes de personas que no pueden pagar el procedimiento, el transporte, el alojamiento o los desplazamientos entre estados. En algunos casos, quienes buscan ayuda también temen ser detenidas durante el trayecto hacia una clínica.
El CAF lleva cuatro décadas apoyando a personas que buscan un aborto. Según Jeyifo, desde la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que en 2022 eliminó la protección constitucional del derecho al aborto, el fondo ha ayudado a más de 60.000 personas y ha distribuido más de 25 millones de dólares en ayudas directas.
La organización atiende las solicitudes por una línea telefónica de emergencia o mediante un formulario. Después realiza una evaluación y asigna un gestor de caso que identifica las necesidades de cada persona y la acompaña durante el proceso.
Desplazamientos entre estados
Illinois permite el aborto y cuenta con protecciones legales para quienes buscan acceder al procedimiento. Sin embargo, alrededor del 80 % de las llamadas que recibe el CAF proviene de personas que viven fuera del estado, incluidos lugares donde el aborto está prohibido o sujeto a restricciones estrictas.
Actualmente, 13 estados prohíben el aborto casi por completo y otros siete establecen límites gestacionales de entre seis y 12 semanas. En total, 20 estados tienen prohibiciones o restricciones tempranas, de acuerdo con la información citada en la entrevista.
Illinois recibió cerca de 32.490 personas procedentes de otros estados durante 2025, aproximadamente el 23 % de quienes cruzaron fronteras estatales para acceder a un aborto ese año. Jeyifo también se refirió a 142.000 personas que, según los datos analizados por el CAF, tuvieron que desplazarse dentro del país durante el último año.
La directora señaló que muchas pacientes llegan con miedo a ser criminalizadas o denunciadas por personas de su entorno o por profesionales de la salud. A los costos económicos se suman el estigma, la vergüenza y la preocupación por las consecuencias legales.
El contexto migratorio ha intensificado esas preocupaciones. Jeyifo afirmó que el aumento de las detenciones y deportaciones ha hecho que algunas personas duden en trasladarse hasta las clínicas, especialmente quienes enfrentan dificultades de idioma, incertidumbre sobre su estatus migratorio o desconocimiento del sistema de salud.
La organización también ha trabajado con clínicas para reducir los requisitos administrativos exigidos a las personas migrantes. Entre las medidas está limitar la cantidad de información sobre residencia o documentación que deben entregar para acceder a servicios gratuitos.
Jeyifo recordó el caso de una mujer venezolana que llegó caminando a Texas con sus tres hijos mientras estaba embarazada. Luego fue trasladada en autobús por autoridades migratorias hasta Illinois, donde solicitó una cita para abortar y recibió apoyo para el cuidado de sus hijos.
La directora del CAF afirmó que el miedo continúa siendo una de las principales barreras para quienes necesitan atención. “Si tienes miedo incluso de caminar por la calle, ¿cuánto más miedo puedes sentir cuando estás buscando un servicio de salud altamente politizado y estigmatizado?”, señaló.