Un adolescente de 15 años perdió una mano durante una protesta estudiantil en Lens, al norte de Francia, mientras cientos de liceos permanecen afectados por movilizaciones que reclaman más profesores, mejores horarios y el arreglo de infraestructuras deterioradas.
Según una fuente sindical policial, el joven habría recogido una granada de dispersión lanzada por agentes antidisturbios, que posteriormente habría explotado en su mano. Las autoridades aún investigan las circunstancias exactas del hecho.
El ministro de Educación, Édouard Geffray, calificó el caso como una situación “humanamente dramática” y pidió prudencia mientras avanza la investigación.
Las protestas se extendieron por Francia
Más de 400 de los 3.700 liceos del país estaban cerrados total o parcialmente el lunes, de acuerdo con el Ministerio de Educación. En la región de París, un tercio de los 468 centros de secundaria estaba afectado por el movimiento.
Las movilizaciones comenzaron el 17 de septiembre en un liceo de Créteil y luego se extendieron a otras ciudades. En París, estudiantes reclamaron más recursos y denunciaron el deterioro del sistema educativo. “Está claro que el sistema educativo no funciona”, declaró Alma, alumna del Liceo Charlemagne.
En Lille, las protestas derivaron en daños a marquesinas de autobús y quema de contenedores, lo que provocó la intervención de la Policía. También se registraron movilizaciones en Rennes y otras ciudades.
El Gobierno reporta detenidos y daños
El Ejecutivo afirmó que 24 centros educativos han sido incendiados o saqueados desde el inicio de las protestas y que más de 5.000 personas han sido detenidas, el 85 % de ellas menores de edad. El Gobierno también acusa a activistas de extrema izquierda de haber instrumentalizado el movimiento.
Además, impulsa un proyecto de ley para que quienes causen daños a bienes públicos asuman los costos de reparación. El primer ministro, Sébastien Lecornu, señaló que las indemnizaciones podrían descontarse de las prestaciones familiares y ayudas para vivienda, aunque se mantendría un ingreso mínimo.
La propuesta ha sido cuestionada por sindicatos y organizaciones de izquierda. Sophie Binet, secretaria general de la CGT, la calificó de “anuncio populista” y advirtió que podría afectar a las familias más vulnerables.