La muerte de una mujer en un hotel de Naha, capital de Okinawa, volvió a encender la indignación por la presencia militar estadounidense en esta prefectura japonesa. La policía encontró el sábado 3 de octubre el cuerpo de Anna Yagi, de 39 años, quien habría sido estrangulada con un cordón.
El principal sospechoso es el cabo primero Devin Jacob Ballard, un marine estadounidense de 20 años destinado en la base aérea de Futenma, en Ginowan. Fue arrestado el domingo y enfrenta acusaciones de asesinato y robo.
Las cámaras de seguridad registraron a un hombre que entró al hotel con Yagi y salió solo, llevándose pertenencias de la mujer, entre ellas su mochila y su billetera.
El caso reavivó el malestar acumulado en Okinawa por delitos atribuidos a personal militar estadounidense. Desde 1972, cuando la isla volvió a control japonés tras 27 años de ocupación, el gobierno prefectural ha registrado 6.409 detenciones relacionadas con integrantes de las fuerzas estadounidenses.
Okinawa concentra el 70 % del territorio de uso exclusivo del ejército estadounidense en Japón. Washington mantiene cerca de 55.000 militares en el país.
La indignación local también se alimenta de casos anteriores. En 1995, tres militares estadounidenses fueron condenados por secuestrar y violar a una niña de 12 años. En 2016, la violación y el asesinato de una mujer de 20 años, cometidos por un exmarine, provocaron manifestaciones multitudinarias. En 2025, otro marine fue declarado culpable de estrangular y agredir sexualmente a una mujer japonesa.
Reclamos de Okinawa y del Gobierno japonés
El gobernador de Okinawa, Genta Koja, calificó el caso como “absolutamente imperdonable” y anunció que pedirá una reducción de la presencia militar estadounidense durante una reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
Koja reclamó medidas efectivas a las fuerzas estadounidenses y a los gobiernos de Japón y Estados Unidos, incluida una revisión del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas. También cuestionó que Washington hubiera enviado condolencias, pero no palabras de disculpa.
El Gobierno japonés presentó una protesta formal ante Washington, convocó al embajador estadounidense y elevó una queja a través del Ministerio de Defensa.
Ballard permanece bajo custodia japonesa porque el delito del que se le acusa no estaría relacionado con sus funciones militares. Según las reglas del acuerdo bilateral, cuando un caso sí está vinculado con esas funciones, Estados Unidos puede retener al sospechoso hasta que Japón presente cargos.