El Ministerio de Ambiente publicó el borrador de un decreto que articula y coordina los trámites de licencia ambiental y consulta previa: la evaluación del proyecto podrá avanzar al mismo tiempo que la consulta con comunidades étnicas, y no una detrás de la otra como funciona actualmente. La decisión final, sin embargo, seguirá esperando: ninguna de estas licencias podrá otorgarse antes de que la consulta termine.
El documento, de 10 páginas, está publicado para comentarios y modificaría el Decreto 1076 de 2015, donde se reúne buena parte de las reglas ambientales del país. Su origen está en el anuncio que el Gobierno hizo en septiembre sobre los primeros cambios en la consulta previa y en las licencias ambientales: en ese momento el vocero oficial, Miller Soto, dijo que la propuesta "se centra en que tanto la licencia ambiental como la consulta previa puedan avanzar de forma paralela y autónoma" y en establecer procedimientos más claros "para evitar que se convierta en un obstáculo para el trámite de las licencias ambientales".
Cómo funciona hoy el trámite
En Colombia, si una empresa quiere construir una vía, instalar una hidroeléctrica o un parque solar, debe solicitar una licencia ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o la corporación autónoma regional correspondiente. El primer paso de esa autoridad es revisar si el proyecto requiere consulta previa, la cual es definida por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior.
La consulta previa es, en palabras de Carolina Montes, docente investigadora de derecho ambiental de la Universidad Externado, un mecanismo que busca "generar un diálogo intercultural". Se aplica en los territorios donde habitan comunidades étnicas, como indígenas o afro, y busca "evaluar cuál sería el impacto no solo ambiental, sino también social de un proyecto, y cómo podría llegar a afectarlos", señala la experta.
Bajo la regla vigente, la autoridad ambiental debe esperar a que la DANCP defina si hay comunidades étnicas potencialmente afectadas y, si las hay, a que la consulta termine. En ese lapso, en la práctica, la evaluación de la licencia queda congelada. Es el punto que el borrador busca cambiar.
Qué cambia con el borrador
La primera modificación es la eliminación de un requisito que ya no se aplicaba en la práctica: el certificado sobre la presencia de comunidades étnicas en el área del proyecto, que la DANCP no expide desde 2019. Ahora esa entidad determina si procede o no la consulta previa.
El segundo cambio tiene que ver con el momento de la evaluación. La propuesta es que la ANLA o la corporación autónoma regional puedan iniciar el trámite, visitar el área, pedir información adicional y solicitar conceptos a otras entidades aunque la consulta esté pendiente o en curso.
La cartera hace una advertencia: ni la ANLA ni otra autoridad podrán resolver la solicitud —otorgar o negar la licencia— hasta que la DANCP defina si procede la consulta y, en caso de que sí, declare agotado el proceso. Y si la evaluación termina antes, el plazo para decidir quedará suspendido. Es decir, la consulta deja de frenar la evaluación, pero sigue siendo una condición para la decisión final.
El borrador también ordena que los acuerdos de la consulta relacionados con prevenir, mitigar, corregir o compensar impactos ambientales —cuando sean competencia de la autoridad ambiental— queden incluidos en la resolución que otorga la licencia, y esta no podrá "modificar, sustituir o reinterpretar" lo que se pacte con las comunidades. Una vez cerrada la consulta, la autoridad tendría diez días hábiles para ajustar su informe técnico con los aspectos ambientales surgidos del diálogo, si lo considera pertinente.
Estas mismas reglas se aplicarán a las modificaciones de licencias ya otorgadas y a los trámites especiales. Y los procesos que hoy están suspendidos a la espera de la consulta deberán reanudarse de oficio, sin perder lo que ya se había avanzado.
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, el decreto no requiere consulta previa con las comunidades étnicas: el Ministerio sostiene que únicamente fija las reglas para articular y coordinar dos trámites y que no se afectarán los derechos actuales de esas comunidades.