El Gobierno firmará este viernes 9 de octubre el decreto que reglamenta la protesta social en Colombia. Lo confirmó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien añadió que el presidente Abelardo De La Espriella lo suscribirá porque “en este gobierno lo que se dice se hace”.
Qué definirá el decreto
De acuerdo con el jefe de la cartera de Gobierno, el documento definirá concretamente qué es la protesta violenta y dejará el diálogo como la regla general entre las autoridades y los manifestantes.
El anuncio también contempla reglas de salida y de reacción: quedarán claras las causales en las que el diálogo llega a su fin y se fijarán cinco niveles de respuesta de la Fuerza Pública.
Lara fue enfático sobre los principios de la norma: “Dos reglas que no se negocian: prima y se protege la protesta pacífica. Nacen los corredores solidarios: nunca más bloqueos permanentes de carreteras ni de carriles de TransMilenio”.
Y añadió: “Vamos a proteger la protesta pacífica de los infiltrados y los violentos. Ni un derecho menos para la protesta pacífica. Ni un espacio más para la violencia”.
El respaldo del representante Triana
El representante a la Cámara Julio César Triana, del partido Cambio Radical, respaldó plenamente al Gobierno y aseguró que el decreto es necesario en el país. “Colombia necesita reglas claras que protejan el derecho a la protesta pacífica, sin dejar desprotegidos a quienes quieren trabajar, movilizarse y desarrollar sus actividades con normalidad”, dijo el congresista.
Para Triana, garantizar un derecho no puede significar desconocer los de los demás ni permitir que las ciudades queden paralizadas. En esa misma línea, sostuvo que la oposición no debe rechazar el decreto porque, a su juicio, no está en juego el derecho a la protesta, sino la garantía de que no habrá violencia.
“Este decreto fortalece las herramientas de las autoridades para preservar el orden público y actuar oportunamente frente a quienes se infiltran en las manifestaciones para cometer delitos. Al mismo tiempo, mantiene el diálogo como prioridad y establece medidas como los corredores humanitarios para proteger la vida, atender emergencias y evitar que los bloqueos impidan por completo la movilidad de los ciudadanos”, reiteró.
El congresista subrayó que la protesta pacífica es un derecho que se debe proteger, pero que no puede convertirse en un escudo para la violencia ni en una autorización para vulnerar los derechos de los demás. “El Estado debe garantizar el diálogo, proteger a quienes se manifiestan y tener la capacidad de actuar frente al delito”.
El Gobierno ha explicado en diferentes escenarios que no será tolerante con la violencia y que las protestas serán respetadas, siempre y cuando no se acuda a vías de hecho.