Atlántico, Santander, Norte de Santander y Cesar concentran el grueso de los 13 casos de límites territoriales que la Comisión de Ordenamiento Territorial retoma en el Congreso, un conjunto de expedientes engavetados que comprometen miles de hectáreas y billones de pesos para las regiones.
Barranquilla y Puerto Colombia: el caso por 1.402 hectáreas
El primero será el de la disputa entre Barranquilla y Puerto Colombia: ya se presentó la ponencia y el próximo miércoles 14 de octubre se votarán las primeras audiencias públicas, con una proyección de convocatoria en la capital atlanticense el día 23 de ese mes. Ahí se disputan 1.402 hectáreas, hoy corredor universitario y complejos habitacionales en el norte del Atlántico: Villa Campestre y Ciudad Mallorquín, dos enclaves exclusivos y con potencial de crecimiento en vivienda y comercio.
En juego también está el peso de las estructuras políticas locales: el pleito hoy involucra a los Char y los Torres, y entró el propio presidente Abelardo de la Espriella, quien celebró un concepto que resulta favorable a Barranquilla y le entrega más de 1.000 hectáreas. En Senado y Cámara la responsabilidad del caso queda en manos del Centro Democrático: el senador Carlos Meisel será el ponente y el representante Daruin Castellanos preside la sala. El expediente tiene una fecha límite: tras su llegada al Congreso cuenta con un año para su aprobación, o el concepto remitido por el Instituto Geológico Agustín Codazzi (Igac) quedará en firme.
Gibraltar: gas, regalías y la pelea por 600 hectáreas
En el norte de Santander corre otro expediente que no se mueve desde 2024: Cubará (Boyacá) y Toledo (Norte de Santander) discuten unas 600 hectáreas. La zona es estratégica: allí se encuentra la planta Gibraltar, puesta bajo administración de Ecopetrol a comienzos de este año, que extrae 27 millones de pies cúbicos de gas diarios. También es corredor fronterizo con Venezuela y está el resguardo Indígena Unido U'wa.
A finales de 2024, una ponencia de la representante Karen Manrique (vinculada por la Fiscalía al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo) le dio el guiño a Boyacá, apoyándose en "historia y arraigo cultural". Dos años antes, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ya había fallado a favor de ese departamento para recibir más del 99,5 % de las regalías de Gibraltar, lo que representa 2.486 millones de pesos del Sistema General de Regalías entre 2025 y 2026; Toledo solo recibe el 0,40 % de esas transferencias. El caso deberá pasar por un concepto del Senado y, si es favorable a Boyacá, irá a plenaria de la Cámara Alta.
Santurbán: 6.000 hectáreas en disputa
En paralelo se mueve el caso por el control de más de 6.000 hectáreas, situadas en su mayoría en el Páramo de Santurbán, una zona calificada como reserva ambiental que disputan Santander y Norte de Santander. El litigio abrió durante las gobernaciones de Didier Tavera y William Villamizar; su clave es la minería ilegal que se extiende sobre el páramo y un potencial minero energético que ahora despierta mayor atención.
Tal como reseñó El Espectador, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella derogó el 6 de agosto la resolución 0994 que establecía una protección especial de ese sector, pero días después, mediante la resolución 1037 del 13 de agosto, esa medida fue revocada. En contexto, en solo cuatro expedientes limítrofes engavetados en el Congreso se disputan 7.000 hectáreas.