El Gobierno Nacional propuso modificar el trámite de las licencias ambientales para que su evaluación pueda avanzar mientras se determina si un proyecto debe someterse a consulta previa con comunidades étnicas o mientras ese proceso está en curso. La iniciativa está contenida en un borrador de decreto publicado por el Ministerio de Ambiente y todavía recibe comentarios de la ciudadanía.
La propuesta aplicaría a proyectos de infraestructura, energía, minería e hidrocarburos que requieran autorización ambiental y puedan afectar territorios habitados por comunidades indígenas, afrodescendientes u otros grupos étnicos.
Qué cambiaría en el trámite
Actualmente, la autoridad ambiental debe esperar a que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa determine si procede una consulta. Si la respuesta es afirmativa, el trámite queda condicionado a que ese procedimiento termine.
El borrador permitiría que la ANLA o la corporación autónoma regional competente comiencen a estudiar la solicitud sin esperar esa definición o la culminación de la consulta. Durante ese periodo podrían visitar el área del proyecto, solicitar información adicional y pedir conceptos a otras entidades.
La propuesta también eliminaría el requisito de presentar un certificado sobre la presencia de comunidades étnicas para iniciar el trámite. Ese documento dejó de ser expedido por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa desde 2019, entidad que actualmente determina si corresponde adelantar una consulta.
La simultaneidad tendría un límite: la autoridad ambiental no podría otorgar ni negar la licencia hasta que se determine si la consulta es necesaria y, cuando corresponda, se declare agotado el proceso. Si la evaluación termina antes, el plazo para decidir quedaría suspendido.
El argumento del Gobierno
El Gobierno sostiene que el cambio reduciría los tiempos de gestión sin eliminar la consulta previa ni disminuir las exigencias técnicas de los estudios ambientales. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que algunos proyectos podrían ahorrar hasta dos años de trámite.
Por su parte, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, ha señalado que el objetivo es hacer más eficiente el proceso y evitar que todas las actuaciones administrativas tengan que esperar a que concluya la consulta.
La propuesta había sido anticipada por el vocero oficial del Gobierno, Miller Soto, quien explicó que la consulta previa y el licenciamiento ambiental podrían desarrollarse de forma paralela y autónoma, con reglas más claras.
Proyectos que podrían avanzar en paralelo
Entre las iniciativas que podrían verse beneficiadas están el proyecto Sirius, relacionado con recursos de gas en el mar Caribe, la línea de transmisión eléctrica Colectora y varios parques eólicos de La Guajira. El Gobierno también mencionó proyectos viales y de hidrocarburos en distintas regiones.
En el caso del gasoducto asociado con Sirius, el Ministerio del Interior indicó que existen aproximadamente 120 consultas previas pendientes. Si el decreto se expide en los términos planteados, el licenciamiento podría avanzar mientras se completan esos procesos.
El alcance de la modificación dependerá de las características de cada proyecto, de las actuaciones autorizadas durante la consulta y del tiempo que tome cada proceso. El borrador no elimina las demás obligaciones ambientales que deben cumplir las empresas.
El Ministerio del Interior también anunció que busca reducir a seis meses la duración de las consultas previas. El decreto aún no está vigente y su contenido final dependerá de los comentarios recibidos y de la decisión posterior del Gobierno.