El Gobierno prepara un Estatuto Antiterrorista que será discutido el próximo 15 de octubre ante el Consejo de Política Criminal. Después de esa revisión, el Ejecutivo espera radicar el proyecto en el Congreso para actualizar las normas relacionadas con el terrorismo y las organizaciones criminales.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, sostiene que las capacidades de los grupos ilegales cambiaron con el uso de drones, ciberataques, minería ilegal, narcotráfico transnacional y acciones contra infraestructura crítica. El borrador tiene más de 130 artículos.
Registro y persecución de activos
Una de las principales propuestas es crear un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas. La base incluiría organizaciones y personas individuales mediante una decisión administrativa del Consejo de Seguridad Nacional.
La inclusión en el registro podría provocar el congelamiento de fondos y activos, restricciones para contratar con el Estado y limitaciones para acceder a determinados recursos públicos. Bancos, notarías y otros sectores tendrían que consultar la base dentro de sus procesos de debida diligencia.
El proyecto permitiría solicitar la exclusión del registro y acudir al Consejo de Estado si la petición es negada. También plantea una incautación preventiva más rápida de bienes vinculados con las organizaciones y mecanismos para administrarlos y destinarlos eventualmente a fines sociales.
Nuevas penas y estructura institucional
El Estatuto contempla penas de hasta 30 años de prisión por el uso ilícito de drones y sanciones de hasta 42 años por asonadas o retenciones de integrantes de la fuerza pública. También propone modificaciones penales para conductas relacionadas con secuestro, extorsión, narcotráfico, minería ilegal, delitos informáticos, delitos electorales y ataques contra infraestructura crítica.
La iniciativa incluye un régimen penitenciario especial para los jefes de grupos armados y beneficios para integrantes que colaboren con las autoridades y contribuyan a desarticular sus organizaciones. Además, plantea crear un alto comisionado contra el Terrorismo, adscrito al Dapre, con un periodo institucional de cinco años.
El borrador también contempla facultades extraordinarias para el presidente Abelardo De la Espriella durante seis meses, con el fin de reglamentar la nueva oficina. En materia operativa, busca precisar las reglas para las acciones de la fuerza pública, incluidos bombardeos y ataques aéreos, dentro del Derecho Internacional Humanitario.
Opiniones divididas frente al proyecto
El senador Iván Cepeda calificó la iniciativa como autoritaria y convocó a organizaciones y movimientos sociales a oponerse. El senador Alejandro Ocampo aseguró que el proyecto podría utilizarse para perseguir a Gustavo Petro, al Pacto Histórico y a sectores sociales y políticos.
En respuesta, el ministro Lara afirmó que los únicos que deberían temer son las organizaciones terroristas y sostuvo que el proyecto no está dirigido contra expresidentes, partidos ni personas que ejerzan la oposición o sus derechos políticos.
El representante Julio César Triana respaldó la modernización de las herramientas jurídicas, pero recordó que se trataría de una ley estatutaria: tendría que superar cuatro debates, obtener mayorías absolutas y aprobarse dentro de una misma legislatura. Después estaría sometida al control previo, automático e integral de la Corte Constitucional.
Los expertos consultados coincidieron en que Colombia necesita discutir una política integral contra el terrorismo, aunque también señalaron la importancia de diferenciar esa conducta de otras formas de violencia. El proyecto aún debe pasar por el Consejo de Política Criminal, el Congreso y la revisión constitucional antes de convertirse en ley.