El anuncio de un plan piloto de aspersión aérea en Putumayo para combatir los cultivos de uso ilícito de coca provocó el rechazo de organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos de la región. Las comunidades pidieron que el Gobierno priorice una sustitución voluntaria, gradual y concertada, con acompañamiento integral.
El proyecto está suspendido temporalmente por una medida cautelar dictada el 11 de septiembre de 2026 por un juzgado de Puerto Asís. La decisión respondió a una tutela presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social, en la que se alegó que la fumigación podría vulnerar los derechos a la salud, al agua y a un ambiente sano.
El nuevo plan reavivó el recuerdo de las fumigaciones con glifosato. Entre los casos mencionados por las comunidades está el de Yaneth Valderrama, una campesina de Caquetá que, según el relato recogido, sufrió un aborto espontáneo en 1998 y murió seis meses después. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso en 2018 como el primer registro de muerte por glifosato en Colombia y atribuyó responsabilidad al Estado colombiano.
“En mi casa también vivimos las consecuencias de las fumigaciones aéreas y, así como nos pasó a nosotros, existen muchos otros casos que no fueron llevados ante la ley”, afirmó Yuri Quintero, secretaria general de la Red de Derechos Humanos del Departamento de Putumayo.
Las preocupaciones por el nuevo herbicida
La propuesta contempla el uso de glufosinato de amonio. Quintero sostuvo que el herbicida puede afectar la hoja de coca sin destruir la planta desde la raíz y advirtió que las comunidades no tendrían cómo controlar sus efectos en el aire, el agua y los cultivos vecinos.
El texto de la fuente señala que el glufosinato de amonio está clasificado en el marco regulatorio europeo como una sustancia tóxica para la reproducción, por sus posibles efectos sobre la fertilidad y el desarrollo fetal. También indica que su uso está prohibido en los 27 países de la Unión Europea y en Marruecos.
La defensa del Gobierno y las alternativas planteadas
Durante un debate de control político en el Congreso, realizado el 30 de septiembre, los ministerios de Justicia y Defensa defendieron el plan piloto. El ministro de Justicia, Iván Cancino, dijo que el Gobierno trabaja en la delimitación de los polígonos, la precisión de la aplicación y las condiciones técnicas de las aeronaves.
“El Gobierno no se va a quedar solo con la aspersión aérea”, afirmó Cancino al mencionar también el posible uso de drones. El funcionario aseguró que la estrategia busca combatir a los grupos armados sin afectar a las comunidades ni al medio ambiente.
Los campesinos propusieron revisar el incumplimiento de los programas de sustitución de cultivos y retomar una política de Estado basada en inversión social. Según Quintero, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos llegó a la primera fase de erradicación, pero no se completaron las etapas posteriores de inversión y desarrollo productivo.
De acuerdo con las cifras citadas por la comunidad, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito verificó la erradicación voluntaria de 9.904 hectáreas entre 20.317 familias vinculadas al Pnis, con un cumplimiento del 98 %. RenHacemos, por su parte, registra 13.451 núcleos familiares y 8.061 hectáreas erradicadas.
Sin embargo, los campesinos denunciaron que solo se han entregado 953 de los 9.917 kits productivos proyectados. También señalaron pendientes en asistencia técnica y pagos de subsistencia.
Las comunidades y los delegados del Gobierno acordaron reunirse nuevamente el 30 de octubre. Quintero pidió que el Ejecutivo escuche a quienes vivieron los efectos de las fumigaciones anteriores y permita discutir el tránsito de los cultivos desde una lógica concertada y voluntaria.