La Fiscalía investiga las denuncias de dos compradores que aseguran haber pagado por vehículos Ferrari que no fueron entregados. Los casos están relacionados con operaciones realizadas a través del concesionario que representaba a la marca en Bogotá y fueron asignados a la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico.
Uno de los denunciantes afirma que acordó en enero de 2025 la compra de un Ferrari 296 GTS modelo 2024 por US$560.000, equivalentes entonces a unos $2.271 millones. De ese monto, US$479.000 correspondían al automóvil y cerca de US$80.000 a impuestos, nacionalización y otros gastos.
Después de calcular los costos definitivos, habría quedado un saldo de aproximadamente US$72.655, cerca de $285 millones, bajo administración de la empresa. El comprador sostiene que el vehículo fue trasladado a una zona franca de Panamá para ser comercializado, pero la operación no se concretó.
Según la denuncia, entre el 9 de junio y el 19 de julio de 2026 el cliente solicitó la devolución del dinero para encargarse directamente de la nacionalización. Aunque el reintegro habría sido autorizado inicialmente, el pago no se habría hecho efectivo.
La denuncia por el Ferrari Roma Spider
El segundo caso corresponde a un Ferrari Roma Spider. El comprador recibió una cotización por US$410.000 el 25 de julio de 2025 y asegura que posteriormente transfirió $484 millones como parte de la operación.
El automóvil tampoco habría sido entregado. Por eso, el denunciante pidió verificar si la orden llegó a la fábrica, reconstruir el recorrido del dinero y revisar los registros bancarios y contables de las sociedades involucradas.
Los dos compradores también sostienen que otros vehículos fueron enviados a una zona franca de Panamá para buscar compradores. Esas operaciones no se habrían completado y los automóviles permanecerían almacenados en ese país.
Cinco posibles delitos y un cambio de administración
Los escritos mencionan posibles delitos de estafa, hurto, abuso de confianza, administración desleal y concierto para delinquir. Se trata de señalamientos incluidos por los denunciantes: hasta ahora no se conocen imputaciones, capturas ni decisiones judiciales que establezcan responsabilidades.
En las denuncias aparecen Autos Italianos de Colombia, sus antiguos socios Jorge Enrique Carvajales Orozco, Sergio de la Vega y Erik Stolberg, además de Autos de Alta Gama Holdings. También son mencionados Alfonso Salume y Henry Ávila Herrera. La inclusión de estos nombres responde a los señalamientos de los compradores y no implica una declaración judicial de responsabilidad.
El conflicto empresarial se originó en un préstamo concedido en octubre de 2024 por Autos de Alta Gama Holdings a Italian Motors Holdings, matriz de las operaciones de Ferrari en Colombia y Panamá. Ante el incumplimiento del pago previsto para mayo de 2026, el acreedor ejecutó la garantía y tomó el control accionario de Autos Italianos de Colombia y Automóviles Italianos de Panamá.
El cambio se realizó sin autorización de Ferrari North America. Por esa razón, la marca retiró a Autos Italianos de su red oficial desde el 4 de junio de 2026 y suspendió la venta de vehículos nuevos a través de ese operador.
Ferrari señaló que las circunstancias empresariales estaban fuera de su control y responsabilidad. La compañía informó que buscaba un nuevo distribuidor para Colombia y que mantendría el mantenimiento, el soporte técnico y las garantías por medio de canales autorizados. Hasta ahora no se ha divulgado públicamente el nombre de un nuevo representante oficial.
La revisión de la SIC
Autos de Alta Gama Holdings tomó el control de Autos Italianos de Colombia el 25 de mayo de 2026 y anunció que evaluaba alternativas jurídicas, comerciales y financieras para atender las reclamaciones. La empresa dijo que debía revisar la documentación, las cuentas y las operaciones heredadas, mientras adelantaba una auditoría forense contable, financiera y administrativa.
La Superintendencia de Industria y Comercio también abrió una averiguación preliminar de protección al consumidor bajo el radicado 26-294239. La entidad solicitó información sobre las condiciones ofrecidas, los tiempos de entrega, la publicidad, el vínculo con Ferrari North America y las medidas adoptadas para cumplir las operaciones contratadas.
La SIC también busca establecer si el concesionario continuó promocionando vehículos, recibiendo órdenes o aceptando pagos después de perder la autorización de Ferrari. La entidad indicó que las quejas públicas involucraban aproximadamente a seis compradores.
Autos Italianos respondió el requerimiento en agosto con un documento de más de 210 páginas, según informó la compañía. La actuación administrativa permanece separada del proceso penal y, hasta el momento, no se conoce una sanción definitiva relacionada con el expediente.