El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella pidió al Consejo de Seguridad de la ONU retirar la Reforma Rural Integral del mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016. Los 15 países miembros deberán definir la solicitud antes del 30 de octubre, un día antes de que termine la vigencia del mandato correspondiente a 2026.
La petición fue presentada por el canciller Omar Bula durante la sesión en la que se revisó el estado de la implementación del acuerdo firmado en La Habana. El Gobierno manifestó que mantendrá sus compromisos multilaterales, pero sostuvo que la reforma rural tiene una naturaleza diferente a los asuntos que deben ser supervisados por la misión.
Bula afirmó que la reincorporación de los antiguos integrantes de las FARC-EP y las garantías de seguridad sí están directamente relacionadas con la transición a la vida civil, por lo que justifican la continuidad de la verificación internacional. En cambio, señaló que el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la productividad rural, la infraestructura y las oportunidades económicas son responsabilidades permanentes del Estado colombiano.
Un punto del acuerdo con avances limitados
La solicitud dejaría sin observación internacional el punto 1 del Acuerdo de Paz, cuyo objetivo es promover una transformación estructural del campo. Según un informe del Instituto Kroc citado en la fuente, para noviembre de 2025 solo el 9 % de sus disposiciones había completado su ejecución; otro 20 % estaba en estado intermedio y el 67 % presentaba avances mínimos.
La Agencia Nacional de Tierras reportó además que se habían adjudicado 72.880 hectáreas de las tres millones previstas para campesinos sin tierra, equivalente al 2,4 % de la meta.
La propuesta generó críticas de distintos sectores. El expresidente Gustavo Petro pidió al Consejo de Seguridad no aprobarla y sostuvo que la medida impediría vigilar la distribución de tierras acaparadas mediante violencia y dinero ilícito. La exembajadora Arlene Tickner, el exministro Andrés Camacho y el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo también cuestionaron que la reforma rural quedara por fuera del seguimiento de la ONU.
Posiciones divididas en el Consejo de Seguridad
Durante la sesión, Dinamarca defendió la vigencia de los compromisos adquiridos en el proceso de paz y afirmó que la aplicación de la reforma rural puede contribuir a la paz, la seguridad, el desarrollo económico y la reducción de las economías ilícitas.
Estados Unidos celebró el giro del Gobierno colombiano hacia una política centrada en seguridad y manifestó su disposición a profundizar la cooperación con Colombia. Sin embargo, también planteó que el Estado debe asumir la titularidad de la reforma agraria mientras se mantienen las funciones esenciales de verificación y la presencia de la misión en el territorio.
China, Reino Unido, Francia, Panamá y otros miembros insistieron en la necesidad de mantener vigente la Misión de Verificación para revisar los resultados del acuerdo. Entre los avances mencionados durante la sesión estuvo la reincorporación a la vida civil de más de 11.000 firmantes del proceso de paz.
El Reino Unido deberá preparar la resolución que será sometida a consideración del Consejo de Seguridad. Los 15 países miembros definirán si aceptan la petición colombiana y, con ello, si la reforma rural continúa bajo observación internacional.