La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll defendió las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los secuestros cometidos por las Farc y rechazó que la entidad haya actuado condescendientemente con la antigua guerrilla. Sus declaraciones se producen luego de la difusión de fragmentos de audiencias reservadas en las que aparece interrogando a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko.
Lemaitre explicó que las diligencias fueron realizadas en 2019, cuando la JEP apenas comenzaba sus labores y todavía no contaba con espacios adecuados para ese tipo de actuaciones. Según relató, se trató de los primeros interrogatorios de la jurisdicción y ocurrieron en un ambiente de alta tensión por la situación del proceso de paz y la captura de Jesús Santrich.
La magistrada sostuvo que los videos difundidos muestran apenas unos segundos de interrogatorios que podían durar dos días completos o extenderse durante varias semanas. Afirmó que su equipo aplicó el método conocido como Peace, basado en una investigación previa y en la presentación gradual de pruebas, en lugar de buscar confesiones mediante intimidación.
La reserva de las primeras sesiones, explicó, fue adoptada por el posible impacto emocional en las víctimas. Aunque la publicidad es una regla general de los procesos, Lemaitre dijo que las primeras declaraciones de los comparecientes podían resultar revictimizantes, especialmente cuando negaban o justificaban hechos relacionados con crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La explicación sobre el video de la audiencia
Sobre el fragmento en el que se le observa reír, Lemaitre aseguró que se trató de una reacción espontánea ante una situación logística ocurrida durante la audiencia. Recordó que la sala estaba rodeada de fuertes medidas de seguridad por temor a un ataque contra Londoño, pero que una trabajadora entró inesperadamente al lugar, lo que le produjo risa por el contraste con la preparación del operativo.
La magistrada reconoció que el gesto podía incomodar a las víctimas, pero afirmó que no fue deliberado ni reflejaba falta de respeto. También cuestionó que se utilicen fragmentos aislados para construir una interpretación sobre un proceso que, según dijo, duró varios años y terminó con imputaciones detalladas.
Lemaitre señaló que la difusión de los videos ha afectado a víctimas de secuestro que vuelven a experimentar miedo y angustia al escuchar a Londoño negar la existencia de torturas. Dijo que algunas personas han contactado a su despacho en medio de episodios de sufrimiento y que la circulación de los fragmentos puede hacerles sentir que el trabajo de documentación realizado por la JEP nunca ocurrió.
“Lo que se difunde son 30 segundos de un proceso que duró varios años”, afirmó la magistrada al explicar que los comparecientes terminaron reconociendo públicamente hechos de tortura y su responsabilidad. Agregó que las víctimas participaron en el proceso con acompañamiento y que sus relatos fueron incorporados a las imputaciones.
Una investigación sobre miles de casos
La magistrada sostuvo que la JEP documentó cerca de 22.000 casos de secuestro reportados ante la Fiscalía o ante organizaciones no gubernamentales. A esa cifra se suman más de 4.000 personas que acudieron directamente a la jurisdicción para relatar lo ocurrido.
Según Lemaitre, su trabajo ha incluido la documentación de torturas, violencia sexual, trabajos forzados y otras formas de afectación contra las víctimas. También recordó que en septiembre de 2025 el Tribunal para la Paz condenó a siete exintegrantes de las Farc por 21.936 secuestros investigados en ese proceso.
La funcionaria aclaró que su labor consiste en investigar, calificar jurídicamente los hechos y presentar las imputaciones, mientras que la decisión final corresponde al Tribunal de Paz. “No hemos sido condescendientes con la guerrilla”, dijo, y explicó que la JEP aplica un modelo previsto en la Constitución y en la ley, con reconocimiento de responsabilidad y trabajos reparadores en lugar de cárcel ordinaria.
Lemaitre también rechazó que la polémica se convierta en un ataque personal para impulsar cambios legislativos sobre la JEP. A su juicio, si el Congreso quiere modificar las normas que regulan la justicia transicional, debe hacerlo mediante proyectos de ley y con el trámite institucional correspondiente, sin afectar a las víctimas.
La magistrada atribuyó parte de la controversia a la combinación entre el dolor todavía abierto por el secuestro y la circulación de videos manipulados o presentados fuera de contexto. Su llamado a las víctimas fue buscar acompañamiento institucional si la difusión de las imágenes reactiva los recuerdos del cautiverio.