Fredy Gustavo Orjuela Hernández fue elegido nuevo gerente de Corabastos, la principal central mayorista de alimentos del país. El abogado, que fue secretario Jurídico de Cundinamarca y ocupó cargos directivos en la CAR, reemplazará a David Martínez, quien dejó el cargo a finales de septiembre.
Orjuela asumirá la dirección de una operación clave para el abastecimiento de Bogotá y otras regiones. Durante 2025 ingresaron a la central cerca de 2,36 millones de toneladas de alimentos, equivalentes a alrededor del 31 % del abastecimiento registrado en las principales centrales mayoristas del país.
Cerca del 42 % de los alimentos que llegan a Corabastos proviene de Cundinamarca. Por eso, la coordinación con productores, transportadores y comerciantes de ese departamento será uno de los asuntos centrales para la nueva administración.
Un requerimiento tributario cercano a los 99.000 millones de pesos
Uno de los principales pendientes es la situación financiera de la central. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, formuló un requerimiento relacionado con la declaración de renta de 2024, al considerar que Corabastos incumplió la regla de tributación mínima.
El requerimiento contempla 49.903 millones de pesos por impuesto de renta y cerca de 49.000 millones adicionales por concepto de sanción. El documento llegó el 17 de julio y el plazo para responder vence el 16 de octubre. Al 7 de octubre, la central preparaba su respuesta jurídica, pero todavía no la había presentado.
El monto reclamado se acerca al presupuesto anual de Corabastos, estimado en 98.000 millones de pesos. Sin embargo, se trata de un requerimiento en trámite y no de una obligación definitiva de pago. También se reportó que las deudas de la central superan los 200.000 millones de pesos.
Las dificultades de pago ya habían afectado algunos servicios. En junio de 2026, Interaseo suspendió la recolección de residuos por problemas en los pagos.
Sanción por restricciones a la competencia
En mayo de 2026, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Corabastos con una multa de 260 millones de pesos por restringir la libre competencia mediante disposiciones de su reglamento interno que limitaban el ingreso de nuevos comerciantes.
La SIC también impuso multas por 71,2 millones de pesos, en conjunto, a dos personas naturales vinculadas con el caso. Además, ordenó eliminar las reglas que restringían la competencia y ajustar el reglamento para garantizar condiciones equitativas de acceso a las instalaciones. Cuando fue anunciada, la decisión todavía no estaba en firme.
Cuestionamientos por infraestructura y salubridad
La nueva gerencia también recibe cuestionamientos sobre el estado de algunas bodegas y las condiciones sanitarias de la central. En abril de 2026, el columnista Julián López de Mesa describió la presencia de barro, residuos y desperdicios durante una visita con sus estudiantes.
El autor advirtió sobre los riesgos sanitarios que, a su juicio, representa el deterioro de una central que abastece a tiendas, plazas de mercado, restaurantes y supermercados de Bogotá y municipios cercanos. También cuestionó cómo se distribuyen las responsabilidades entre la administración, los comerciantes y las entidades de vigilancia.
Corabastos funciona desde 1972 como una sociedad de economía mixta, con participación de entidades públicas y accionistas privados. La estructura administrativa y las dinámicas informales de la central han dificultado, según los cuestionamientos citados, establecer responsabilidades frente a los problemas de infraestructura, salubridad y funcionamiento.
Frente a esas críticas, Corabastos aseguró que adelanta labores permanentes de recolección de residuos, limpieza y mantenimiento. El estado actual de las instalaciones y las medidas adoptadas para atender los problemas quedan entre los asuntos que deberá revisar la nueva gerencia.