El concejal Andrés Barrios pidió diferenciar la protesta pacífica de los actos violentos y cuestionó que las movilizaciones convocadas para el 14 de octubre sean utilizadas para deslegitimar la acción de la Fuerza Pública o justificar agresiones. El cabildante respaldó a los uniformados y afirmó que las autoridades deben combatir a las estructuras que reclutan menores, extorsionan comunidades y atacan a soldados y policías.
Barrios también criticó la postura de sectores del Pacto Histórico frente a las operaciones contra cabecillas y señaló una supuesta falta de contundencia ante el sufrimiento de las víctimas y casos de corrupción como el de la UNGRD. Además, cuestionó la política de negociaciones y ceses al fuego del Gobierno de Gustavo Petro, cuyo resultado, según dijo, debe medirse por la protección de las comunidades y la reducción de la capacidad criminal de los grupos armados.
El concejal reconoció el derecho constitucional a la manifestación pacífica, pero rechazó que las demandas sociales se utilicen con fines electorales o para justificar hechos violentos. También pidió a los convocantes evitar discursos que puedan alentar agresiones y respetar a quienes necesitan trabajar, estudiar o movilizarse por la ciudad.
El costo de los daños durante las movilizaciones
Según cifras de TransMilenio citadas por Barrios, entre 2021 y 2026 se registraron 331 hechos de vandalismo durante manifestaciones. Las reparaciones costaron $16.579 millones, suma que representó el 97,6 % del gasto reportado para reparar daños vandálicos en estaciones y portales del sistema.
La Alcaldía informó, por su parte, que entre enero de 2024 y julio de 2026 destinó $9.125 millones a recuperar elementos del mobiliario urbano afectados por vandalismo. En ese balance se incluyeron señales del SITP, paraderos y bancas, aunque la cifra corresponde al vandalismo general y no exclusivamente a daños ocurridos durante marchas.
Barrios insistió en que las agresiones, la destrucción de bienes y las demás conductas delictivas deben ser investigadas y sancionadas conforme a la ley. También pidió mantener una política de seguridad firme dentro del marco constitucional y puso como prioridades a los niños expuestos al reclutamiento, las comunidades sometidas a extorsiones y las familias que requieren protección frente a los grupos armados.