La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atribuyó responsabilidad a diez antiguos integrantes de las Farc por graves crímenes contra los pueblos Korebajü, Siona, Nükak, Hitnü y Jiw, comunidades de la Amazonía y la Orinoquía cuya supervivencia cultural y territorial quedó comprometida por la guerra.
La imputación documentó asesinatos de autoridades tradicionales, desapariciones forzadas, traslados forzosos, torturas, persecución, reclutamiento, instalación de minas antipersonal y daños ambientales. Según la jurisdicción, la violencia también afectó los lugares sagrados, los conocimientos ancestrales y las formas de subsistencia de estos pueblos.
Asesinatos y minas en los territorios indígenas
Uno de los episodios reconstruidos ocurrió en 1997, cuando siete autoridades tradicionales Korebajü fueron asesinadas en la masacre de San Luis, en Caquetá. El caso se sumó al asesinato de Aquiles Bolaños, fundador del Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio. De acuerdo con el Plan de Vida de ese pueblo, entre 1997 y 2003 fueron asesinados 65 líderes que se oponían al sometimiento y al debilitamiento de sus autoridades.
En Arauca, Rafael Pérez Pérez, cacique y médico tradicional Hitnü, murió el 16 de enero de 2011 al pisar una mina antipersonal instalada cerca del caño Seco. También fueron afectados el docente y etnoeducador Pablo Rodríguez Garavito, asesinado en 2009, y dos integrantes de la comunidad que sufrieron heridas permanentes por explosivos en 2007 y 2008.
La JEP señaló que las minas fueron instaladas en caminos, cerca de fuentes de agua y en rutas utilizadas para cazar, pescar y recolectar alimentos. Para las comunidades, estos espacios cotidianos se convirtieron en zonas de miedo y limitaron el acceso a recursos indispensables.
Entre los antiguos comandantes llamados a reconocer responsabilidad están Milton de Jesús Toncel Arredondo, alias “Joaquín Gómez”; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias “El Médico”; Julián Gallo Cubillos, alias “Carlos Antonio Lozada”, y Elmer Caviedes, alias “Albeiro Córdoba”.
Desplazamiento y daños ambientales
La investigación también incluyó la muerte de María Cristina Martínez Meléndez, integrante del pueblo Jiw, ocurrida el 15 de octubre de 2008 en la vereda Barranco Ceiba, en San José del Guaviare. Su cuerpo tuvo que ser trasladado a otra vereda y luego a Mapiripán, Meta, para realizar el funeral.
Durante su comparecencia ante la JEP, Ferney Maldonado Madrid, antiguo excomandante de una compañía del Frente 44, reconoció que el explosivo había sido instalado por hombres bajo su mando.
En el caso del pueblo Nükak, la instalación de minas en lugares como Barranco Colorado restringió los desplazamientos por el territorio. Las comunidades Jiw de Laguna Flauta y La Rompida, por su parte, fueron desplazadas progresivamente entre 2003 y 2008, con pérdidas que afectaron sus viviendas y los espacios de vida comunitaria.
En Putumayo, las voladuras del oleoducto Orito-San Miguel provocaron derrames de petróleo que contaminaron el río Luzón, utilizado por las comunidades del resguardo Tëntëya para pescar, bañarse y realizar actividades cotidianas. En el resguardo Buenavista, la sabedora María Eloísa Yaiguaje Payaguaje murió al activar una mina mientras se dirigía a pescar.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, calificó la decisión como inédita por abordar de manera conjunta las violaciones de derechos humanos y las afectaciones ambientales. La imputación sostiene que los daños no se limitaron a las víctimas directas: también permanecen en comunidades que perdieron autoridades, conocimientos, territorios y formas tradicionales de subsistencia.