El Gobierno de Abelardo de la Espriella expidió el Decreto 1525 de 2026, una norma que establece reglas para la intervención de la Fuerza Pública durante las manifestaciones. El decreto fue publicado antes de las marchas convocadas para este 14 de octubre y provocó reacciones de congresistas, partidos y organizaciones sindicales.
El presidente defendió la medida en sus redes sociales. Afirmó que la protesta pacífica tendrá garantías, pero advirtió que no se permitirán la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que afecten a otros ciudadanos. También sostuvo que quienes cometan actos violentos deberán responder ante la ley con respeto por el debido proceso.
Defensa de sectores oficialistas
Honorio Henríquez, presidente del Congreso y miembro del Centro Democrático, consideró que el decreto está dentro de las facultades del jefe de Estado y lo calificó como necesario. El senador pidió que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica y advirtió que quienes tengan intención de cometer actos violentos deberán preocuparse.
El representante Daniel Briceño afirmó que la norma protege las manifestaciones pacíficas y permite intervenir frente a situaciones como el porte de armas, la retención de ambulancias, las agresiones contra periodistas o los daños a bienes públicos y privados.
Desde Cambio Radical, el representante Julio César Triana aseguró que el decreto no regula el derecho a la protesta pacífica, sino que fija un protocolo para el uso de la Fuerza Pública durante las movilizaciones.
Oposición anuncia demandas
La senadora Jennifer Pedraza calificó la medida como inconstitucional. Según su interpretación, cualquier modificación de un derecho fundamental como la protesta debe tramitarse mediante una ley estatutaria y no por decreto.
Los representantes Laura Beltrán y Daniel Monroy, del Pacto Histórico, anunciaron que demandarán el decreto y presentarán una acción de tutela para solicitar la suspensión provisional de sus efectos. Beltrán cuestionó que el Ejecutivo establezca cómo debe ponderarse el derecho a la protesta frente a derechos como el trabajo y la salud.
La Central Unitaria de Trabajadores rechazó la norma y pidió plenas garantías para las movilizaciones. La organización sostuvo que los bloqueos y las interrupciones de vías son expresiones de protesta social que no constituyen, por sí mismas, actos de violencia.
La CUT también advirtió que las nuevas causales para disolver manifestaciones y las posibilidades de intervención policial sin agotar determinadas etapas de diálogo podrían facilitar prácticas represivas contra sindicatos y organizaciones sociales.