El Gobierno Nacional presentará ante el Congreso un proyecto de ley para establecer una política de orden público basada en el sometimiento voluntario de los actores armados ilegales a la Constitución y la ley. La iniciativa reemplazaría el componente de negociaciones políticas de la denominada Paz Total por una oferta fijada directamente en la legislación.
El proyecto, firmado por los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Justicia, Iván Alfonso Cancino, sería radicado en la Cámara de Representantes. También plantea derogar los artículos 2, 5, 6 y 7 de la Ley 2272 de 2022.
Condiciones para el sometimiento
La propuesta define como actores armados ilegales o terroristas a las organizaciones que participen en economías ilícitas y tengan capacidad de afectar gravemente el orden público. El Consejo de Seguridad Nacional asesoraría al presidente en esa calificación.
El proceso tendría una fase administrativa a cargo del Gobierno, con una duración máxima de tres meses y una posible prórroga, y una etapa de judicialización bajo responsabilidad de los jueces. Cada organización actuaría a través de un interlocutor designado, que tendría que ser abogado y no pertenecer al grupo.
Entre las condiciones previstas estarían dejar las armas, entregar a los menores reclutados, a las personas secuestradas y a los desaparecidos que permanezcan bajo control de la organización, suspender las actividades ilícitas, entregar bienes y aportar información sobre sus nexos políticos y redes de corrupción.
Beneficios penales y judicialización
La Fiscalía podría acordar una reducción de hasta 50 % de la pena acumulada para quienes se sometan. En el caso de los líderes, la rebaja sería de 30 % y la condena no podría ser inferior a diez años.
La libertad condicional se concedería después de cumplir cuatro quintas partes de la pena. Ese umbral bajaría a dos quintas partes para quienes entreguen información verificable sobre personas desaparecidas y nexos políticos.
Los integrantes sin funciones de mando que solo hubieran cometido delitos como concierto para delinquir o porte ilegal de armas podrían acceder a la suspensión condicional de la pena después de un año. Quienes se presenten durante los primeros 180 días de vigencia de la ley podrían obtenerla desde la sentencia.
El proyecto también contempla redenciones de pena por trabajo con colaboración eficaz, programas restaurativos, erradicación de cultivos ilícitos y desminado. Las órdenes de captura y de extradición no se suspenderían, aunque el presidente podría definir el lugar para la judicialización.
La iniciativa derogaría además el artículo 14 de la Ley 418, que excluye de beneficios a quienes sean condenados por reclutamiento ilícito de menores. El Gobierno argumentaría que esa disposición puede dificultar el desmantelamiento colectivo de estructuras responsables de esa conducta.
Programas de tránsito a la legalidad
La Fiscalía tendría una unidad especializada para estos procesos sin crear nuevos cargos. De manera paralela, la Intervención Territorial Integral buscaría reemplazar economías criminales por actividades lícitas.
Los Programas de Tránsito a la Legalidad, liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ofrecerían servicios de salud, educación, empleo y vivienda, sujetos a la disponibilidad presupuestal.
El Gobierno tendría que presentar un informe anual al Congreso. Además, el Senado publicaría en un plazo de tres meses un texto unificado de la Ley 418.