La Corte Constitucional abrió un incidente de impacto fiscal sobre la sentencia que avaló la mayoría de los artículos de la reforma pensional y le dio al Ministerio de Hacienda un plazo de 30 días hábiles para sustentar el costo de poner en marcha el nuevo sistema.
La decisión fue aprobada por unanimidad, con siete votos de la Sala Plena. El plazo comenzará a contarse una vez el Ministerio sea notificado del auto. Si Hacienda no presenta los documentos y argumentos dentro del periodo establecido, la solicitud será declarada desierta.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, había radicado la petición el 23 de septiembre de 2026. Según el Gobierno, la transición hacia el nuevo sistema requerirá cerca de $5 billones adicionales para Colpensiones.
La reforma no queda suspendida
El incidente de impacto fiscal permite al Gobierno explicar ante la Corte si el cumplimiento de una decisión judicial en los tiempos previstos puede afectar de manera significativa las finanzas públicas. La apertura del trámite no anula ni suspende la reforma pensional.
La ley mantiene como fecha prevista de entrada en vigor el 1 de abril de 2027. El Gobierno sostiene que el fallo de la Corte se conoció el 25 de agosto, apenas dos días antes de que debiera presentar ante el Congreso el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027, por lo que los recursos adicionales no fueron incluidos en esa programación.
Hacienda también advirtió que la financiación de la transición afecta los cálculos del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan Financiero y los parámetros de acumulación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
Colpensiones pide aplazar la implementación
A la solicitud del Ministerio de Hacienda se sumó la petición de Colpensiones para aplazar un año la entrada en vigencia de la reforma, hasta el 1 de abril de 2028.
La entidad aseguró que necesita más tiempo para adecuar sus plataformas tecnológicas, unificar historias laborales y preparar el traslado masivo de afiliados desde los fondos privados. De acuerdo con su estimación, el número de cotizantes bajo su administración pasaría de tres millones a casi diez millones.