El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda que solicita anular la elección de Diana Carolina Corcho Mejía como senadora para el periodo 2026-2030. El proceso fue promovido por el ciudadano Freddy Fernando Flórez, quien cuestiona la forma en que la exministra fue inscrita como cabeza de lista del Pacto Histórico.
Según la demanda, la coalición realizó el 26 de octubre de 2025 una consulta abierta para escoger a sus candidatos al Senado, pero Corcho no participó en esa votación. Su participación estuvo en la consulta paralela para elegir al candidato presidencial del movimiento, en la que ocupó el segundo lugar detrás de Iván Cepeda.
Pese a no competir en la consulta para el Congreso, Corcho fue inscrita en el primer lugar de la lista al Senado para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.
El argumento de la demanda
La senadora explicó en su momento que su designación respondió a un acuerdo político previo de la coalición: la persona que ocupara el segundo lugar en la consulta presidencial lideraría la lista al Senado. Esa decisión generó diferencias internas con la congresista María José Pizarro, quien también aspiraba a ocupar el primer puesto.
El demandante sostiene que el procedimiento vulneró el artículo 107 de la Constitución porque, a su juicio, la coalición debía respetar los resultados de la consulta interna para conformar la lista legislativa.
La demanda también solicitó una medida cautelar para suspender temporalmente a Corcho de sus funciones. Sin embargo, el Consejo de Estado negó esa petición mientras avanza el análisis del caso.
El Consejo Nacional Electoral pidió que la senadora no fuera apartada del cargo y señaló que era necesario revisar más pruebas. La Registraduría dejó la decisión en manos del tribunal, mientras que el Ministerio Público recordó que la lista debía ajustarse a los resultados de la consulta.
La respuesta de la defensa no fue tenida en cuenta por errores en los requisitos formales del poder entregado al abogado. Por ahora, Carolina Corcho conservará su investidura mientras el Consejo de Estado examina las pruebas y emite una sentencia definitiva sobre la validez de su elección.