Diego Acevedo Garzón, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fue asesinado con arma de fuego en el interior de su restaurante Sabor Argentino, en el barrio Santa Cruz de Girón (Santander).
De acuerdo con la información preliminar, el ataque se produjo dentro del local, ubicado cerca del sector del Gallineral, donde hombres armados dispararon contra él. La Policía y los organismos judiciales adelantan la reconstrucción de los hechos para establecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, rechazó el homicidio y anunció la convocatoria de un consejo de seguridad metropolitano para coordinar acciones. Por su cuenta en X, el mandatario expresó su solidaridad con los familiares y compañeros de trabajo de la víctima y escribió: “No vamos a permitir que el crimen doblegue a Santander”.
“Convoco un consejo de seguridad metropolitano para coordinar acciones que permitan capturar a los responsables y proteger a los funcionarios del Inpec”, indicó el gobernador, quien además anunció medidas para avanzar en la investigación y reforzar la seguridad de los servidores penitenciarios.
Una cadena de ataques en distintas ciudades
El asesinato de Acevedo Garzón ocurrió dos días después de la muerte de otro guardia en Cúcuta (Norte de Santander). El dragoneante Bryan Rangel Saavedra fue atacado con arma de fuego en la noche del lunes 12 de octubre, luego de salir de su turno en la Cárcel Modelo. Según la información conocida, se dirigió en su vehículo a una estación de servicio del barrio Prados del Este para tanquear y allí habría sido atacado.
Antes, en la noche del sábado 10 de octubre, dos dragoneantes de la cárcel El Bosque, en Barranquilla (Atlántico), fueron atacados por hombres armados a las afueras del penal y debieron ser llevados de urgencia a un centro asistencial.
Por ese caso, el presidente De La Espriella confirmó la captura, en el barrio Caribe Verde de Barranquilla, de Juliánis Paola Altamar Medina, alias “Lucía”. Según el jefe de Estado, estaría involucrada en el atentado y haría parte de la estructura criminal conocida como Los Pepes.
El Ministerio de Justicia expresó su preocupación por la ola de violencia, que se presenta en medio de las recientes órdenes de traslado de cabecillas de estructuras criminales a cárceles de máxima seguridad. Desde esa cartera señalaron, además, que el presidente De La Espriella y el ministro Iván Cancino han recibido amenazas.
Organizaciones de servidores del sector penitenciario alertaron por la circulación de panfletos amenazantes que hablan de un “plan pistola” en su contra. La Defensoría del Pueblo pidió verificar la veracidad de esas amenazas y adoptar medidas urgentes de protección para los funcionarios.