La Fiscalía General de la Nación conformó un grupo especial de policía judicial para investigar los homicidios, atentados y amenazas contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La unidad trabajará con el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional para identificar a los responsables y avanzar en su judicialización.
La decisión fue anunciada después de una reunión entre el fiscal general encargado, representantes del Ministerio de Justicia y el director de la Policía. Además de concentrar las indagaciones penales, la Policía pondrá a disposición sus capacidades operativas, de inteligencia e investigación criminal para definir medidas de protección para los empleados penitenciarios y sus familias.
Los hechos investigados en Santander
En Girón, Santander, las autoridades convocaron un consejo de seguridad para analizar el asesinato del dragoneante Diego Armando, quien llevaba 18 años trabajando en la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo. El funcionario fue atacado por sicarios en su establecimiento de comidas rápidas, en el barrio Río de Oro, después de dos meses de intimidaciones contra trabajadores del penal.
En la misma zona circularon un panfleto y un video en los que se declaraba objetivo militar a los empleados de la cárcel bajo la modalidad de plan pistola. Las autoridades también investigan otros hechos ocurridos este año: la agresión contra el guardia Efraín Quesada, el 6 de agosto, y un disparo contra otro servidor el 18 de septiembre en el barrio Alfonso López.
Las indagaciones ubican el origen de los mensajes amenazantes en el patio 10 de Palo Gordo, donde permanecen recluidos 40 internos considerados de alta peligrosidad y trasladados desde distintas cárceles como parte del Plan Dominó.
La Policía mantendrá los rastreos para establecer quiénes estarían detrás de las grabaciones y los ataques. La Fiscalía busca reunir el material probatorio necesario para llevar a los implicados ante la justicia y reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios.