En Colombia se registró, en promedio, un caso de extorsión cada 39 minutos durante 2025. El estudio Análisis y caracterización de la extorsión en Colombia, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación y Asocapitales, contabilizó 13.428 casos, frente a 9.791 en 2022, un aumento del 37 %.
Las 32 ciudades capitales concentraron el 54,3 % de los registros, con 7.291 casos. Bogotá encabezó la lista con 2.217, aunque tuvo una reducción del 16,1 % frente a 2024. Le siguieron Medellín, con 980; Barranquilla, con 733; Cali, con 438, y Cartagena, con 382.
Cartagena casi duplicó sus registros en un año, al pasar de 197 a 382 casos. También aumentaron los reportes en Tunja, Pasto y Sincelejo, con variaciones de 76,7 %, 37,8 % y 36,6 %, respectivamente.
Las modalidades digitales siguen en aumento
La llamada telefónica continúa como la modalidad predominante, con el 48,8 % de los casos en las capitales. Sin embargo, las redes sociales y las tecnologías de la información y las comunicaciones ya representan el 18,6 %, frente al 7,6 % registrado en 2016.
El estudio también señala que los hombres representan cerca del 62 % de las víctimas denunciantes, mientras que la participación de las mujeres llegó al 37 %. Según el DNP, esta proporción ha aumentado frente a la década pasada, cuando se ubicaba alrededor del 25 %.
Cárceles y subregistro de las denuncias
La Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía estima que cerca del 70 % de las llamadas extorsivas se origina en cárceles. El estudio aclara que esta cifra se refiere al origen de las llamadas y no a la proporción total de casos.
El informe advierte además sobre un alto subregistro: se calcula que menos del 20 % de los hechos reales llega a las autoridades. Por ello, el DNP plantea reforzar los controles en los centros penitenciarios y mejorar las herramientas de respuesta.
Propuestas para enfrentar el delito
Entre las recomendaciones está la elaboración de un documento Conpes sobre extorsión, con énfasis en la modalidad carcelaria, metas medibles y un plan plurianual de inversión.
El estudio propone además 27 acciones para las ciudades, organizadas en prevención, articulación con la Fiscalía y la Policía y atención integral a las víctimas. Según el análisis, de 21 puntos de competencia relacionados con el delito, 14 corresponden al nivel nacional y solo dos son responsabilidad directa de los municipios.