Las firmas encuestadoras Cifras y Conceptos e Invamer advirtieron que la publicación de encuestas de opinión en Colombia se está viendo limitada por la incertidumbre regulatoria y por los requerimientos de las autoridades electorales. Las empresas aseguran que las nuevas exigencias elevan los costos operativos y generan desgaste administrativo.
El caso más reciente lo protagonizó Cifras y Conceptos. Su gerente, César Caballero, presentó los hallazgos de la Polimétrica Ola 59, un estudio sobre la percepción del país y el desempeño del Gobierno Nacional, pero la firma decidió no publicar los resultados completos. En su lugar entregó un documento con la interpretación de los datos y una síntesis de los principales hallazgos.
Caballero explicó que la decisión obedece a la incertidumbre que rodea el marco regulatorio, donde confluyen la llamada Ley Mordaza, resoluciones, conceptos de expertos y decisiones de magistrados. Según dijo, la firma ha destinado más recursos a abogados y a responder solicitudes de las autoridades que a la realización de la propia encuesta.
Qué cambió con la Ley Mordaza
La Ley Mordaza corresponde a la Ley 2494 del 23 de julio de 2025, que fijó nuevas condiciones para elaborar, publicar y divulgar encuestas de opinión política y electoral. La norma amplió las obligaciones de las firmas sobre metodología, muestras, publicación de resultados y entrega de información al Consejo Nacional Electoral (CNE). También creó una Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Política y Electoral.
Invamer coincidió en que las reglas han tenido consecuencias para el sector y para los ciudadanos, que han visto menos encuestas disponibles. La firma sostuvo que el principal impacto está en los costos de cumplir las exigencias regulatorias. Además, cuestionó el funcionamiento de la comisión del CNE: a su juicio, algunas solicitudes muestran falta de claridad y requerimientos repetidos.
«Es un desgaste muy grande no solo para nosotros, sino para todos los que hacen encuestas», apuntó Martín Orozco, gerente de Invamer. El directivo agregó que el sector espera una decisión de fondo: «Estamos a la espera de que la Corte se pronuncie definitivamente o de que en el Congreso hagan una modificación a esa ley. Porque si seguimos así es un enredo».
Lo que ya tumbó la Corte
La Corte Constitucional ya se pronunció sobre algunos apartes. En la Sentencia C-168 de 2026, del 3 de junio, declaró inexequible la prohibición de realizar encuestas de intención de voto antes de los tres meses previos al inicio de la inscripción de candidatos. El tribunal consideró que la restricción era desproporcionada y afectaba la libertad de información.
En la misma decisión, la Corte eliminó la obligación de entregar al CNE el código computacional para replicar la selección de muestras en encuestas de hogares, así como los números telefónicos de los participantes. Para el alto tribunal, esos requisitos comprometían la intimidad y el hábeas data. La Ley 2494 no fue retirada por completo: los apartes declarados inexequibles dejaron de tener efectos, pero el resto sigue vigente.
Con ese panorama, las encuestadoras sostienen que la publicación de estudios seguirá condicionada por la claridad de las reglas y por los costos de cumplirlas. El sector aguarda una definición de la Corte o del Congreso para despejar la incertidumbre regulatoria.