La Contraloría de Bogotá abrió una indagación preliminar sobre el complejo Campo Verde, ubicado en la localidad de Bosa, porque parte de sus espacios y equipamientos permanece sin uso pese a que la infraestructura ya fue terminada y pagada. El proyecto tuvo un costo de COP 74.216 millones e incluye una Casa de Justicia, una Unidad de Reacción Inmediata, un Centro de Atención Especializada, un CAI y un salón múltiple.
La entidad busca establecer cuáles áreas no están prestando el servicio previsto, desde cuándo permanecen en esa condición, cuál es su estado y cuánto dinero se destinó a su construcción, desarrollo y mantenimiento. Si se confirma que existe infraestructura pagada que no cumple su función, el organismo de control evaluará si pudo producirse un daño al patrimonio público. La apertura de la indagación no implica, por ahora, que ese daño exista ni atribuye responsabilidades.
Campo Verde fue ejecutado mediante un contrato interadministrativo firmado en 2018 entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y Findeter. Auditorías realizadas entre 2022 y 2024 ya habían advertido problemas de planeación, contratación y espacios sin uso. La Contraloría no precisó cuáles áreas permanecen cerradas ni desde cuándo.
Revisión a la ampliación de la capacidad carcelaria
La actuación también abarca la segunda fase del Centro Especial de Reclusión, proyecto que busca ampliar la capacidad de Bogotá para atender a personas privadas de la libertad y que tiene una inversión superior a COP 21.586 millones.
Al 31 de agosto de 2026, la obra registraba un avance del 88,2 %, por debajo del 96 % previsto en el cronograma. El proyecto ha tenido adiciones, ampliaciones de plazo, suspensiones y prórrogas. La Contraloría revisará las deficiencias en estudios y diseños, las adiciones presupuestales y el costo de la permanencia adicional de la interventoría. La entidad no informó una nueva fecha de entrega.
Más de mil cámaras de Bogotá están fuera de servicio
En el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, la Contraloría verificó el estado del sistema de videovigilancia de la ciudad. La Secretaría de Seguridad reportó 5.824 cámaras de su propiedad, pero excluyó de la base de cálculo los equipos afectados por obras, siniestros y obsolescencia.
Con ese ajuste, el universo de referencia quedó en 5.294 dispositivos. De ellos, 4.180 estaban funcionando y 1.114 se encontraban fuera de servicio, una proporción cercana al 21 %. La revisión incluye las causas de las fallas, el mantenimiento, los tiempos de recuperación, la reposición de equipos y las gestiones para restablecer el servicio.