Las mujeres rurales en Colombia siguen enfrentando brechas en el acceso a la tierra, el empleo, la financiación y la capacidad de decidir sobre sus propios recursos. La Fundación WWB Colombia advierte que estas desigualdades limitan su autonomía económica, pese al papel que cumplen en la producción de alimentos, la conservación ambiental y el sostenimiento de las economías locales.
A escala global, las mujeres representan cerca del 40 % de la fuerza laboral agrícola, pero poseen apenas el 15 % de las tierras agrícolas. En Colombia, más de cinco millones de mujeres se reconocen como campesinas, según la información presentada por la Fundación.
Las cargas de cuidado son una de las principales barreras. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2024-2025 del DANE señala que el 93,4 % de las mujeres rurales participa en trabajo no remunerado, frente al 60,8 % de los hombres. En las zonas rurales y dispersas del Pacífico, ellas dedican alrededor de ocho horas y 35 minutos diarios a estas labores, mientras los hombres destinan cerca de tres horas.
Para las lideresas comunitarias, indígenas, afrodescendientes y defensoras ambientales, la jornada puede incluir también la protección del territorio, la conservación de los ecosistemas y el sostenimiento de redes comunitarias. En el Pacífico, algunas enfrentan jornadas de hasta 14 horas, en territorios con dificultades de conectividad, transporte, agua potable y energía.
Tener una cuenta no garantiza autonomía
El estudio sobre inclusión financiera de las mujeres en la ruralidad del Valle del Cauca encontró que las entrevistadas que tenían una cuenta de ahorros la habían abierto principalmente por motivos laborales, para realizar transacciones y recibir pagos. En el 70 % de sus negocios, el efectivo era el único medio de pago.
La capacidad de decisión también muestra una brecha: solo cuatro de cada diez mujeres consultadas afirmaron que decidían individualmente sobre los gastos del hogar, frente a siete de cada diez hombres. Además, el 20 % de las mujeres tenía una vivienda a su nombre, frente al 31 % de los hombres. En la propiedad de motos, la proporción era del 10 % para ellas y del 31 % para ellos.
La falta de bienes limita el acceso a créditos que exigen garantías patrimoniales y reduce las posibilidades de invertir en actividades productivas. Alejandra Galeano, politóloga del equipo de Investigación de la Fundación WWB Colombia, señaló que la inclusión financiera debe permitir a las mujeres acceder a productos, utilizarlos de manera autónoma y permanecer en el sistema.
Menor empleo y acceso desigual a la financiación
Entre mayo y julio de 2026, la tasa de ocupación de las mujeres campesinas fue del 39,6 %, frente al 76,4 % de los hombres campesinos. El desempleo femenino llegó al 10,5 %, más del doble del registrado entre los hombres, que fue del 4,3 %. En 2020, la informalidad entre las mujeres rurales ocupadas alcanzaba el 87,1 %.
La propiedad de la tierra también está marcada por una diferencia de género. El 63,7 % de los predios rurales con un único propietario pertenece a hombres y el 36,3 % a mujeres. Además, el 72,1 % de los predios de propiedad femenina correspondía en 2019 a minifundios de menos de tres hectáreas.
Durante 2025, las mujeres concentraron el 34,49 % de las operaciones de crédito agropecuario, pero recibieron solo el 5,43 % del monto total desembolsado. Entre las mujeres rurales de menores ingresos, la participación en esos recursos fue del 3,58 %.
La Fundación relaciona estas brechas con prácticas tradicionales de herencia y titularidad que suelen reconocer a los hombres como propietarios y productores principales, mientras consideran el trabajo agrícola femenino como una ayuda familiar.
Las prioridades para cerrar las brechas
La Ley 2462 de 2025, conocida como Ley de la Mujer Rural, Campesina y de la Pesca, establece medidas para promover la igualdad de oportunidades, ampliar el acceso a la oferta institucional y mejorar las condiciones de financiación.
A partir de sus investigaciones, la Fundación WWB Colombia propone cuatro prioridades: reconocer las diferencias entre mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes; ampliar el acceso y la titularidad de la tierra; garantizar servicios financieros que fortalezcan la capacidad de decisión; y reducir y redistribuir las cargas de cuidado.
Soraya Husain Talero, directora de Investigación de la Fundación, afirmó que avanzar en la autonomía económica de las mujeres rurales también contribuye al desarrollo de sus comunidades y del país. La organización insiste en que las políticas deben adaptarse a las condiciones culturales, económicas y sociales de cada territorio.