La Procuraduría General de la Nación mantiene abiertas investigaciones disciplinarias contra 25 funcionarios públicos por presuntos incumplimientos de las órdenes de la Corte Constitucional para proteger a niñas, niños y adolescentes wayuu de La Guajira.
El procurador general, Gregorio Eljach, entregó la información este martes 13 de octubre durante una sesión técnica convocada por la Corte Constitucional en Riohacha. El encuentro reúne a entidades nacionales y regionales para revisar el cumplimiento de medidas relacionadas con el acceso al agua, la alimentación y la salud.
Eljach señaló que desde 2017, cuando el alto tribunal declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de derechos fundamentales en Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, la Procuraduría ha abierto 125 causas o indagaciones contra servidores públicos.
De ese total, 41 indagaciones llevaron a la apertura de investigaciones disciplinarias y en otras 25 ya aparecen funcionarios vinculados por posibles incumplimientos de sus deberes. “Eso va a seguir avanzando. Pero no es para meter miedo. Es para decir que aquí hay un Estado de derecho y unas instituciones que velan porque todos los servidores públicos cumplamos con nuestros compromisos”, afirmó el procurador.
La Procuraduría cuestiona el cumplimiento de las órdenes
El jefe del Ministerio Público calificó como “una vergüenza para el Estado” la falta de avances suficientes en la ejecución de las medidas ordenadas por la Corte. También afirmó que, durante una visita técnica reciente, el alto tribunal encontró que ni siquiera existe certeza sobre cuántos niños wayuu requieren protección.
Según Eljach, las instituciones de distintos gobiernos no han mostrado la voluntad necesaria para cumplir una decisión de la Corte Constitucional. La Procuraduría, agregó, continuará con las verificaciones y los procesos disciplinarios contra las entidades responsables.
El procurador también se refirió a la muerte de una bebé recién nacida ocurrida en septiembre en una comunidad de Uribia. La menor falleció después de que, según lo expuesto, una IPS se negara a desplazarse hasta el lugar para atender a su madre, quien estaba en trabajo de parto.
“No debe pasar y habrá consecuencias” contra los funcionarios que presuntamente omitieron su deber de atender la emergencia, sostuvo Eljach. El funcionario relacionó el caso con las deficiencias persistentes en los servicios de salud, la desnutrición y la falta de atención estatal en las comunidades wayuu.