El proyecto de ley “Por allá sí voy” propone crear nuevas reglas para los viajes solicitados mediante aplicaciones de transporte en Colombia. La iniciativa contempla seguros obligatorios, un registro nacional para plataformas y vehículos y mayores garantías para conductores y pasajeros.
La propuesta aún debe ser aprobada por el Congreso. Mientras eso no ocurra, el uso de una aplicación no autoriza por sí solo a un vehículo particular para prestar transporte remunerado de pasajeros, por lo que las sanciones actuales continúan vigentes.
Registro para plataformas, conductores y vehículos
El proyecto plantea crear el Registro Único Nacional del Servicio de Transporte Intermediado por Plataformas Digitales (RUNSTIP), integrado al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Allí tendrían que inscribirse las plataformas, sus operadores, los conductores y los vehículos vinculados.
Los conductores que realicen al menos diez viajes en una plataforma durante el año tendrían que registrarse. Entre los requisitos previstos están contar con licencia vigente y certificado de antecedentes judiciales. Los vehículos particulares podrían operar sin cambiar sus placas ni su clase de servicio, siempre que cumplan las condiciones técnicas, de seguridad, seguros y revisión técnico-mecánica que se definan.
Las plataformas también deberían verificar la identidad del conductor y del vehículo, permitir la trazabilidad del recorrido, ofrecer canales de emergencia y denuncia, prevenir fraudes e incorporar alertas frente a violencias basadas en género.
Seguros y reglas para las tarifas
La iniciativa exige pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual pagadas por las plataformas. Estas coberturas beneficiarían a conductores, pasajeros y terceros desde la aceptación del viaje hasta su finalización, y complementarían el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). La Superintendencia Financiera participaría en la regulación de esos seguros.
Las empresas podrían fijar precios según la oferta y la demanda, pero el pasajero tendría que conocer antes de iniciar el recorrido el valor y sus componentes. Al finalizar, recibiría un comprobante con información del trayecto y el costo.
El texto también busca proteger a los conductores frente a decisiones automatizadas. Las plataformas tendrían que explicar, en términos comprensibles, los criterios generales para asignar viajes y calcular tarifas. Si una cuenta fuera suspendida o desactivada, el conductor podría pedir una revisión humana antes de que la medida quedara en firme.
La propuesta no obligaría a revelar el código fuente ni los secretos comerciales de las empresas. Además, plantea que los conductores puedan trasladar su historial y reputación entre plataformas.
Sanciones vigentes y aporte del 1,5 %
La infracción D.12 del Código Nacional de Tránsito contempla una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización del vehículo por cinco días en la primera infracción, 20 en la segunda y 40 en la tercera. La exposición de motivos registra 159.437 comparendos por esa conducta entre enero de 2021 y julio de 2026.
De ese total, 103.580 correspondieron a automóviles y 40.748 a motocicletas. Sin embargo, esas cifras no identifican exclusivamente a conductores de aplicaciones: el Ministerio de Transporte ha señalado que no cuenta con una base que permita separar esos casos de otras modalidades de uso no autorizado.
El proyecto propone además una contribución no tributaria del 1,5 % sobre los ingresos netos de las plataformas por cada viaje. El pago estaría a cargo de los operadores y no podría trasladarse a los conductores. Los recursos se destinarían a formación, bilingüismo, vivienda, salud, reconversión laboral, eliminación de vehículos de tracción animal y mantenimiento vial.
El Ministerio de Transporte tendría que reglamentar la recaudación y distribución de esos recursos. El texto también plantea actualizar la regulación del taxi, permitir tarifas dinámicas mediante plataformas y desmontar gradualmente reglas sobre la negociación o transferencia de cupos y derechos de operación.
Si el Congreso aprueba la iniciativa, el Ministerio de Transporte tendría un plazo de doce meses para reglamentar el registro y desarrollar otros componentes. La propuesta no convierte automáticamente en legal cualquier viaje solicitado por una aplicación ni elimina las sanciones que hoy se aplican.