La Superintendencia Nacional de Salud removió a Olga Lucía Vásquez Barrios como interventora de Capresoca EPS después de que la universidad involucrada certificara que no aparecía en sus registros académicos ni había obtenido el título profesional de enfermería presentado para asumir el cargo.
La funcionaria había sido designada por el exsuperintendente Daniel Quintero Calle. Capresoca es una promotora de salud con cerca de 164.000 afiliados, la mayoría del régimen subsidiado, que opera principalmente en Casanare y se encuentra intervenida desde el 7 de octubre de 2024.
Supersalud remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación para que investigue si los hechos pueden configurar falsedad documental. También pidió al ente acusador que adopte medidas para evitar la continuación de los efectos derivados del eventual uso de documentos académicos falsos ante entidades públicas del sector salud. Como reemplazo fue designado el médico Giovanni Antonio Guzmán Vargas.
Intervención renovada hasta 2027
El Gobierno Nacional prorrogó por un año la intervención forzosa administrativa de Capresoca. La resolución del 6 de octubre autoriza la intervención desde el 8 de octubre de 2026 hasta el 7 de octubre de 2027, con el objetivo de buscar la estabilidad financiera y administrativa de la EPS y asegurar una prestación oportuna y eficiente del servicio para sus afiliados.
Capresoca ya estaba intervenida desde octubre de 2024. En esa ocasión, Supersalud señaló una crítica situación administrativa y financiera, dificultades en la entrega de medicamentos, el aumento de las tutelas, desacatos y un incremento importante de las quejas de sus usuarios.
Conceptos sobre la continuidad de la EPS
El 14 de agosto, Vásquez Barrios había emitido un concepto de viabilidad condicionada. En ese documento proponía fortalecer la auditoría y el control del gasto, depurar provisiones y costos para determinar la siniestralidad real, evaluar el eventual componente estructural asociado a la suficiencia de la UPC y ejecutar una estrategia de recuperación que protegiera los recursos públicos y mantuviera la atención de los afiliados.
La firma auditors Baker Tilly Colombiatambién emitió una observación. En un documento remitido el 3 de septiembre,_PPensureharpó que persistían riesgos significativos para la capacidad de Capresoca de garantizar una gestión efectiva y sostenible y cumplir los objetivos asociados a las órdenes impartidas por el ente de control.
Prórroga por un año
La ley permite una intervención inicial de un año y una prórroga. Si al vencer el plazo no se corrigen las dificultades, corresponde disponer la disolución y liquidación de la entidad, aunque el Gobierno puede autorizar una extensión mayor cuando las características de la institución lo exigen. El Comité de Medidas Especiales de Supersalud votó de manera unánime por la nueva prórroga, que dejaría la intervención autorizada hasta octubre de 2027. La entidad conserva la facultad de levantar la medida antes de esa fecha.