Colombia inició conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para explorar alternativas de financiamiento, en un momento en que el Gobierno debe cubrir importantes necesidades presupuestales y avanzar en un ajuste de las finanzas públicas.
Los encuentros comenzaron en Bogotá con una delegación encabezada por Nigel Clarke, subdirector gerente del organismo, y continuarán en Washington con un equipo técnico del Ministerio de Hacienda. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, calificó las conversaciones como positivas.
Cuatro líneas están sobre la mesa
Una de las posibilidades es la línea de crédito flexible, concebida como un seguro preventivo para economías con fundamentos sólidos. Sin embargo, fuentes de las autoridades económicas consideran poco probable que Colombia vuelva a utilizarla, después de que el país cancelara ese mecanismo tras una revisión del FMI.
Otra alternativa es la línea de precaución y liquidez, dirigida a países con políticas económicas consideradas sanas, pero con señales de vulnerabilidad. También está el Acuerdo Stand-By, que suele establecer metas económicas y revisiones periódicas durante programas de entre 12 y 36 meses.
La cuarta opción es la facilidad extendida, diseñada para problemas estructurales que requieren varios años de ajustes y reformas. Luis Fernando Mejía, de Lumen Economic Intelligence, considera que un esquema de este tipo podría ser el más probable. César Pabón, de Corficolombiana, ve más lógica en la línea de precaución y liquidez.
El ajuste fiscal sería la principal condición
Cualquier programa estaría acompañado de compromisos y supervisión. Entre las tareas previstas aparecen la reducción del déficit público, el control de la deuda, la racionalización del gasto y la generación de ingresos permanentes. Quienes participaron en las conversaciones señalaron que esas medidas tendrían que asumirse con o sin un acuerdo formal con el Fondo.
El Ministerio de Hacienda tendría que presentar evidencia verificable de consolidación fiscal. Juan Camilo Restrepo anticipó que el paquete podría mantener un perfil de austeridad similar al de la llamada “Ley de rescate”, iniciativa que buscaría un ajuste equivalente al 2 % del producto interno bruto.
El FMI también podría exigir la venta de activos estatales para contribuir al pago de la deuda pública. A cambio, el acuerdo permitiría acceder a recursos con tasas inferiores a las del mercado y ofrecería un respaldo que podría mejorar la percepción de los inversionistas.
La necesidad de recursos para 2027
El Presupuesto General de la Nación para 2027 está calculado en 634,9 billones de pesos y depende de desembolsos por 240 billones. De ese total, 150,9 billones corresponderían a deuda interna y 25.700 millones de dólares a crédito externo.
La cuota de Colombia en el FMI es cercana a 2.800 millones de dólares. Un préstamo equivalente a 1,5 veces esa cuota representaría unos 4.200 millones, mientras que uno de tres veces alcanzaría aproximadamente 8.400 millones. Con esos parámetros, Pabón calcula que el financiamiento para el próximo año podría ubicarse entre 4.000 y 5.000 millones de dólares.
Los expertos advirtieron que una línea del FMI no representa un desembolso automático ni un cheque en blanco. En muchos casos, el cupo funciona como respaldo financiero, mientras el país cumple las condiciones acordadas y define el momento en que utilizará los recursos.