El Congreso de Andesco, que reunirá al sector de servicios públicos del 23 al 25 de septiembre, llegará con una agenda cargada de anuncios. Su presidente, Camilo Sánchez, anticipó que el encuentro marcará el cierre de un ciclo de cuatro años en el que el gremio actuó a la defensiva y el sistema de inversión «se adormeció» por los cambios en las reglas de juego.
«Hoy sentimos algo totalmente distinto», dijo Sánchez, quien destacó la participación de ministros técnicos «que no están haciendo populismo» y subrayó que en este sector las inversiones se proyectan a 20, 30 y 40 años, por lo que la seguridad jurídica y técnica son fundamentales.
Mesas de trabajo con los ministerios
Andesco trabaja simultáneamente con la cartera de Vivienda en las mesas de reconstrucción después del terremoto y en la solución de los problemas que dejó el pasado, según el dirigente gremial.
Con el Ministerio de Minas y Energía, la discusión gira en torno a la crisis de Air-e, el fenómeno de El Niño, los subsidios que no se han pagado, la opción tarifaria y la necesidad de una gran oferta de energía para evitar un apagón. En materia de TIC, la ministra participará en el congreso y se hablará del papel de la tecnología para unir los servicios públicos y cerrar brechas.
Con Hacienda e Interior, en tanto, el gremio impulsa mesas sobre consultas previas y sobre los recursos priorizados en el Presupuesto Nacional, para evitar lo que denominan un «apagón financiero» y que Air-e se convierta en un problema de toda la economía nacional.
La demanda contra el marco tarifario de aseo
Sánchez cuestionó que el gobierno anterior aprobara, una semana antes de salir, el marco tarifario de aseo en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). «Un marco tarifario significa un riesgo porque puede durar cinco o diez años vigente y, si es malo, puede apagar un sector», advirtió.
Por eso Andesco presentó, por primera vez en su historia, una demanda ante el Consejo de Estado, al considerar que el modelo no tenía en cuenta la realidad del sistema y que no se habían estudiado las consecuencias de lo aprobado. El gremio propone que la CRA vuelva a ser una institución técnica, «sin ideología de por medio», al igual que la CREG y la CRC.
El riesgo de apagones
El dirigente gremial sostuvo que la crisis energética fue «una muerte anunciada»: llevaba más de un año advirtiendo a los ministros sobre El Niño, el descalce entre oferta y demanda, las deudas de subsidios y la situación de Air-e. Hoy, dijo, hay un descalce superior al 4 % y cortes programados en la Costa Norte y la Costa Pacífica.
Entre las acciones que plantea el gremio están destinar recursos del Presupuesto Nacional para pagar a las térmicas —que generarán el 55 % de la energía firme del país—, terminar la Línea Colectora para traer energía eólica y solar desde La Guajira y avanzar en un trámite ambiental más ágil. También advirtió que Bogotá depende de una sola línea de transmisión, lo que la expone a riesgos de apagones.
Sánchez llamó además la atención sobre la competencia regional: con Venezuela de regreso como jugador geopolítico en América, dijo, Colombia debe retener a los inversionistas y recuperar a Ecopetrol como fuente de ingresos para la inversión social y de la soberanía energética.
La Unión Europea, invitada de honor
La UE tendrá un papel protagónico en el evento porque buena parte de las empresas de energía, gas, agua potable, saneamiento y TIC del país tiene matrices en Europa. Sánchez anticipó que se hablará de los apagones registrados en ese continente y de cómo evitarlos en Colombia, además de comparar el desempeño del sector con estándares de la OCDE.
El balance también dejará espacio para reconocer la respuesta del sector tras el terremoto: operarios que volvieron a trabajar al día siguiente en las zonas más afectadas y el «plan padrino», con el que grandes empresas apadrinaron a operadoras pequeñas de las regiones junto a gobernadores, alcaldes y el Gobierno.
El congreso reunirá a más de 4.000 asistentes. «Aquí no hablamos con carreta», concluyó Sánchez, quien insistió en que el gremio no pide ni alzas ni bajas de tarifas, sino «las mejores decisiones para tener servicios públicos que nivelen socialmente» al país.