La negociación del salario mínimo para 2027 arrancó con las cartas sobre la mesa. Una parte de los trabajadores sostiene que el incremento debería ser de al menos unos $670.000, mientras que los empresarios no contemplan un ajuste superior a los $150.000. Entre esas dos cifras, el Gobierno actúa como mediador de una mesa que, si no llega a un acuerdo, terminará resolviéndose por decreto.
Los sindicatos no quieren que la discusión se limite a la inflación y la productividad laboral, los dos parámetros tradicionales. Su apuesta es que el alza parta de la idea de un salario mínimo vital, es decir, que también se tengan en cuenta las necesidades básicas adicionales de los trabajadores. Esa referencia fue la base del análisis del anterior Gobierno y ahora se convierte en el principal punto de fricción.
El Ejecutivo, en cambio, defiende una decisión sustentada en criterios técnicos. "El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias. Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los sectores", afirmó la ministra del Trabajo, Natalia López.
La mesa reúne a trabajadores, empresarios y pensionados. Si las partes no logran conciliar el porcentaje, la última palabra quedará en manos del presidente de la República, que fijará el aumento mediante decreto. Con esas reglas, la discusión de las próximas semanas definirá el ingreso de los trabajadores formales y servirá de señal sobre el rumbo económico del año entrante.