El Gobierno radicó ante el Congreso el proyecto de ley del presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2027-2028, con ingresos proyectados de $27,54 billones. La cifra equivale al 1,4% del PIB y representa una caída de 11% frente a los $30,96 billones aprobados para 2025-2026.
Según el Ministerio de Hacienda, de ese total, $21,43 billones (77,8%) corresponderían a ingresos corrientes, mientras que los $6,11 billones restantes (22,2%) saldrían de otros ingresos, principalmente rendimientos financieros.
Distribución de los recursos
El proyecto destina $25,93 billones (94,2% del total) a inversión, mientras que $964.000 millones irían al ahorro a través del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). Otros $643.000 millones se asignan a la administración del sistema y al Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (Ssec).
Dentro de la bolsa de inversión, la mayor partida es la asignación para la Paz, con $7,59 billones, seguida por la inversión regional, con $7,28 billones. Las asignaciones directas suman $5,37 billones, la inversión local $3,21 billones y Ciencia, Tecnología e Innovación $2,14 billones.
Una de las apuestas del proyecto es contribuir a la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, dentro de los límites constitucionales y legales para el uso de las regalías. Están previstas obras de infraestructura vial, servicios públicos, vivienda e instalaciones comunitarias, con criterios de gestión del riesgo de desastres. El documento, sin embargo, no precisa cuántos recursos se destinarían a ese propósito.
El documento del Ejecutivo también plantea articular las regalías con la política de seguridad energética, concentrar los recursos en proyectos de mayor impacto y aumentar su eficiencia mediante la concurrencia de fuentes y las alianzas público-privadas.
El camino que le queda al proyecto
Según el calendario fijado por ley, antes de la radicación el Ministerio de Hacienda debía presentar el proyecto a la Comisión Rectora del SGR, que integra el DNP, el Ministerio de Minas y Energía, dos gobernadores, dos alcaldes, congresistas y representantes de grupos étnicos.
Ya radicado, las Comisiones Económicas Conjuntas tienen plazo hasta el 15 de octubre para devolver el proyecto si no se ajusta a la Constitución o a la Ley 2056 de 2020. Si sucede, Hacienda y Minas y Energía deberán presentarlo de nuevo, con ajustes, el 20 de octubre para que las discusiones inicien en noviembre.
El Congreso tiene hasta el 5 de diciembre para aprobarlo. De no hacerlo, el Gobierno deberá expedir el presupuesto mediante decreto, con base en el proyecto radicado y las modificaciones aprobadas en primer debate.
El presupuesto del SGR es propio y no hace parte del Presupuesto General de la Nación ni del Sistema General de Participaciones. Es bienal y de caja, por lo que su recaudo depende del precio del petróleo y los minerales, de la producción y de la tasa de cambio. Al cierre de cada bienio, los recursos recaudados que no se pagaron no se pierden: se adicionan al siguiente presupuesto como disponibilidad inicial.