La renuncia de Daniel González, responsable del área de energía del presidente argentino Javier Milei, genera preocupación por el ritmo de las inversiones en Vaca Muerta y por el futuro inmediato del principal programa del Gobierno para atraer capital al sector petrolero.
González, exbanquero de inversión de Merrill Lynch y antiguo director ejecutivo de la petrolera estatal YPF, supervisaba el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI. El programa acumula solicitudes por decenas de miles de millones de dólares, incluidos unos US$70.000 millones destinados a pozos petroleros.
El RIGI ofrece beneficios tributarios, cambiarios y aduaneros garantizados durante 30 años. También permite recurrir al arbitraje internacional si Argentina incumple los contratos, una condición diseñada para dar seguridad a los inversionistas.
Temor por retrasos en la aprobación de proyectos
La ampliación del régimen para incluir pozos petroleros en Vaca Muerta disparó las solicitudes. Juan José Carbajales, analista de energía, advirtió que se trata de proyectos complejos y que la salida de quien encabezaba el comité evaluador podría generar demoras.
La preocupación también fue expresada por Eduardo Falcone, legislador aliado de Milei, quien sostuvo que González había contribuido a acelerar las aprobaciones del RIGI. “Esto va a complicar todo”, escribió en la red social X.
González anunció su renuncia en un podcast cercano al Gobierno. Explicó que había considerado dejar el cargo antes, pero que permaneció debido al aumento de las solicitudes de inversión y a la necesidad de evitar que los expedientes se acumularan.
“Con los Rigi estábamos un poco atrasados y teníamos que acelerar”, afirmó. También aseguró que el equipo continuará en funciones: “El único que se va soy yo”.
Nicolás Gadano, especialista en energía, calificó la salida como una pérdida importante para las empresas petroleras y gasíferas por el conocimiento que González tenía del sector y de YPF.
El cambio se produce mientras Vaca Muerta registra un crecimiento petrolero impulsado en buena medida por compañías locales. El riesgo para las inversiones pendientes es que un eventual Gobierno menos favorable a las empresas modifique o deje de lado las solicitudes todavía en trámite.