Colombia cerró 2025 con un récord de US$15.317 millones en exportaciones agropecuarias y agroindustriales, un crecimiento de 33,5 % frente a 2024. La producción de leche también alcanzó su máximo histórico, con 8.405 millones de litros.
Pero el aumento de la producción no se refleja de la misma forma en el acceso a los alimentos. Según el Dane, la inseguridad alimentaria moderada o grave afectó al 31,4 % de los hogares ubicados en centros poblados y zonas rurales dispersas, frente al 18,1 % de los hogares de las cabeceras municipales.
La diferencia entre ambos grupos fue de 13,3 puntos porcentuales. En el total nacional, el indicador se ubicó en 21,1 % de los hogares, por debajo del 25,5 % registrado en 2024.
Pérdidas y costos en la cadena de alimentos
La brecha es analizada en el estudio ‘Gobernanza del Derecho a la Alimentación y Resiliencia Logística en Colombia’, elaborado por Kreab Colombia para Tetra Pak. El documento advierte que una mayor capacidad de producción no se traduce automáticamente en un mayor acceso a los alimentos.
Una de las dificultades identificadas son las pérdidas y el desperdicio antes de que los productos lleguen al consumidor. El estudio retoma una estimación del DNP, divulgada en 2016, según la cual el país pierde o desperdicia 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, equivalentes al 34 % de la oferta disponible.
De acuerdo con esa estimación, unas 26.700 toneladas se pierden o desperdician diariamente. El 63,8 % de las pérdidas ocurre antes de la distribución, en etapas como el cultivo, la poscosecha, el almacenamiento y el procesamiento.
Los costos de transporte, almacenamiento y procesamiento también presionan la cadena. La Encuesta Nacional Logística 2024 del DNP estableció que las empresas destinan el 15,6 % de sus ventas a actividades logísticas, frente al 17,9 % de 2022. En las empresas agropecuarias, el costo fue del 15 %.
Marcela Velásquez, directora general de Tetra Pak Andina, sostuvo que la competitividad del sistema alimentario no debe medirse solo por el volumen producido, sino por la capacidad de convertir esa producción en alimentos disponibles para la población. A su juicio, esto exige considerar la infraestructura, la tecnología, el procesamiento y la logística.
Compras públicas y alimentación escolar
El estudio también plantea aprovechar las compras públicas para conectar a los productores rurales con mercados estables. La Ley 2046 de 2020 establece que las entidades públicas deben destinar como mínimo el 30 % de su presupuesto de compra de alimentos a pequeños productores locales.
Ese mecanismo podría vincular la producción rural con procesos de transformación, conservación y abastecimiento de programas institucionales. Entre ellos está el Programa de Alimentación Escolar, que atiende a más de 5,1 millones de estudiantes y tiene una meta de cobertura superior a 6,2 millones en 2026.
Consuelo Pardo, nutricionista del equipo de Kreab que participó en la investigación, señaló que la seguridad alimentaria depende tanto de la producción como de la posibilidad de conservar, distribuir y entregar los alimentos de forma estable, segura y adecuada.
La investigación fue presentada en Bogotá durante el encuentro ‘Sistemas Alimentarios para el Futuro’, con participación de representantes del sector público y privado, la academia, los gremios y la cooperación internacional.
De cara a 2030, el estudio propone reducir las pérdidas, fortalecer la infraestructura agroalimentaria, incorporar tecnología y coordinar las acciones del Estado, las empresas y los productores para mejorar el acceso a los alimentos.