Los pensionados de Colombia entrarán con voz propia a la discusión del salario mínimo. Las principales organizaciones de trabajadores y los jubilados preparan un documento conjunto para presentarlo en la mesa de concertación de políticas salariales, el espacio donde sindicatos, empresarios y Gobierno definen cuánto subirá la remuneración mínima.
La discusión no es menor para este grupo: el salario mínimo sirve de referencia para calcular buena parte de las mesadas, de modo que cualquier ajuste termina repercutiendo en el bolsillo de los pensionados.
Las centrales obreras plantean un incremento muy por encima de la inflación. Su argumento central se apoya en el comportamiento de los precios de los alimentos, tanto en la medición anual como en la proyectada, y en el efecto que esa variación tiene sobre el poder adquisitivo de los hogares.
Desde la orilla de los jubilados, la discusión debe mirar la canasta que más los golpea. Su propuesta pone el acento en la variación de precios que afecta de manera particular a esta población, más que en el promedio general de la economía.
La distancia entre las partes
Parte de los sindicatos sostiene que el aumento debería ser de al menos $670.000, lo que equivale a un alza cercana al 38 %. Los empresarios, en cambio, han hablado de respaldar como máximo un incremento del orden del 9 %, una diferencia que anticipa una negociación compleja.
La advertencia fiscal
El gobierno de De la Espriella ha señalado que no acompañará un ajuste desproporcionado, por lo que se prevé que termine respaldando la posición del sector empresarial. A esa postura se suma el Ministerio de Hacienda, que advierte que un incremento elevado del salario mínimo implica un mayor gasto público en pensiones, precisamente por el vínculo entre la remuneración mínima y el valor de las mesadas.