El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó que su Gobierno pretenda liberar al 50 % de los más de 93.000 detenidos durante los cuatro años del régimen de excepción. El mandatario calificó esa interpretación como una “tergiversación”.
Bukele explicó que una eventual libertad anticipada sería evaluada para 10.629 personas identificadas como colaboradoras “momentáneas, de casualidad o especial” de las pandillas, pero que no pertenecen a sus estructuras.
El presidente había dicho que el plan podría beneficiar aproximadamente al 50 % de los presos que hubieran colaborado con esas bandas. Posteriormente precisó que solo una parte de los casos sería revisada y que, según una evaluación preliminar, cerca de la mitad de ese grupo podría ingresar al programa Cero Ocio.
Ese programa contempla beneficios relacionados con el trabajo en obras públicas. De acuerdo con el contenido de la fuente, organizaciones humanitarias aseguran que se aplica a detenidos de la ofensiva contra las pandillas que aún no han recibido condena.
Bukele insiste en que los pandilleros no serán liberados
“Ningún pandillero va a salir libre. Nunca”, afirmó Bukele durante una rueda de prensa junto a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. El mandatario sostuvo que las posibles medidas dependerían del grado de participación de cada persona en actividades delictivas.
El presidente también afirmó que los posibles beneficiarios son responsables de delitos, aunque estos sean menores. Su aclaración se produjo después de que algunos medios interpretaran el anuncio inicial como un plan para liberar a la mitad de todos los presos detenidos bajo el régimen de excepción.
Organizaciones humanitarias cuestionan el proceso
Grupos humanitarios critican el régimen de excepción porque permite arrestos sin orden judicial. También cuestionan que se considere la colaboración con pandillas sin evaluar el temor que estas organizaciones ejercían sobre la población y advierten sobre la existencia de personas inocentes encarceladas.
El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción preguntó quién determinará quién fue colaborador y con qué pruebas. “Nadie debe declararse culpable de un delito que no cometió para recuperar su libertad”, señaló la organización.
Bukele atribuyó a su ofensiva contra las pandillas la reducción histórica de los homicidios en El Salvador. Organizaciones humanitarias, sin embargo, denuncian violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y más de 500 muertes bajo custodia estatal.