El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido el miércoles por orden de la Policía, acusado por el Gobierno de Rodrigo Paz de liderar una supuesta organización criminal dedicada a proteger actividades relacionadas con el narcotráfico. La investigación incluye los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.
La captura abrió una disputa institucional sobre la dirección del Ministerio Público. El Ejecutivo sostiene que, al tratarse de delitos ordinarios, Mariaca debe ser procesado por la justicia ordinaria y no mediante un juicio de responsabilidades ante el Parlamento.
El caso de Sebastián Marset
Las acusaciones están relacionadas con la presunta protección a la organización del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. El Gobierno afirma que las sospechas se remontan a 2023, cuando Marset escapó de un operativo policial en Santa Cruz, durante el periodo en que Mariaca dirigía la Fiscalía departamental.
Marset fue capturado en marzo y entregado a Estados Unidos en un operativo en el que no participó la Fiscalía General. El Ejecutivo de Paz ha utilizado ese antecedente y las investigaciones posteriores para cuestionar la actuación del Ministerio Público durante la gestión de Mariaca.
Antes de llegar a la Fiscalía General, Mariaca dirigió durante cuatro años la Fiscalía de Santa Cruz. En ese periodo también recibió críticas por la gestión de investigaciones de repercusión pública, entre ellas la relacionada con un vuelo que transportó cerca de media tonelada de cocaína desde Bolivia hacia España en 2023.
Señalamientos y respuesta de Mariaca
En octubre de 2024, el Parlamento eligió a Mariaca como fiscal general, cuando el Movimiento al Socialismo controlaba el Legislativo. Sectores de la entonces oposición cuestionaron su elección por una supuesta afinidad con ese partido.
Dos días antes de su detención, Estados Unidos revocó el visado de Mariaca y lo incluyó en una lista de altos cargos y exfuncionarios de Bolivia, Colombia y Perú señalados de corrupción y de socavar gobiernos elegidos democráticamente.
Mariaca rechazó las acusaciones y defendió la independencia del Ministerio Público. Dijo haber recibido "con mucha sorpresa" la decisión de Washington y pidió respeto por la soberanía boliviana, al considerar que se buscaba "condicionar" o "interferir" en el trabajo de la Fiscalía.
El fiscal vinculó la decisión estadounidense con las implicaciones de investigaciones impulsadas por su despacho, entre ellas las relacionadas con el consultor político argentino Fernando Cerimedo, procesado por una supuesta tentativa de feminicidio contra su expareja y también investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Disputa por la conducción de la Fiscalía
Además de Mariaca, fueron detenidos el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y otras personas vinculadas a la Fiscalía. Entre los arrestados hay seis señalados de intentar retirar documentos de la vivienda del fiscal general. Cerca del lugar fueron decomisados más de 300.000 dólares que eran transportados en una ambulancia que salió del domicilio.
Tras la captura, Luis Montaño asumió provisionalmente la conducción de la Fiscalía General por ser el fiscal superior con mayor antigüedad, según el Ministerio Público. La medida buscaba evitar un vacío institucional.
El Gobierno de Paz desconoció la designación, acusó a Montaño de usurpar funciones y afirmó que corresponde al Legislativo definir quién debe asumir temporalmente la dirección de la Fiscalía. El Parlamento sesiona para estudiar una modificación de la ley que permita establecer un procedimiento de suspensión definitiva del fiscal general cuando se trate de un delito ordinario.
El Departamento de Estado de Estados Unidos y los países de la coalición Escudo de las Américas respaldaron al Gobierno de Paz y pidieron que continúen las investigaciones contra las supuestas redes de protección al narcotráfico.
El caso ocurre mientras Bolivia aplica una nueva política antidroga para el periodo 2025-2030. Según el contenido de la investigación, un informe de Naciones Unidas registró 36.400 hectáreas de cultivos de coca en 2025, un 7 % más que las 34.000 hectáreas reportadas en 2024. La Constitución boliviana reconoce la hoja de coca originaria y ancestral como patrimonio cultural y establece que, en su estado natural, no es un estupefaciente.