Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron este martes, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, un acuerdo de seguridad trilateral que amplía la presencia militar estadounidense en la isla: prevé dos bases nuevas en el oeste y el sur, zonas de defensa adicionales y una presencia de Washington sin fecha de expiración.
El presidente estadounidense Donald Trump celebró el texto con tono triunfal y afirmó haber asegurado un "control permanente sobre la seguridad" de Groenlandia. En Copenhague la reacción fue de pragmatismo: la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, restó dramatismo alepisode institucional, defendió la solidez de las relaciones bilaterales con Washington y encuadró el movimiento en el marco de cooperación de la OTAN, heredero del tratado de defensa de 1951 y actualizado en 2004.
En Nuuk, el líder político groenlandés Jens-Frederik Nielsen sostuvo que el contenido del pacto salvaguarda los intereses de la isla. El anuncio llega después de meses de tensión por las pretensiones estadounidenses de comprar o controlar unilateralmente el territorio, que tropezaban con barreras constitucionales, el estatuto de autonomía groenlandés y los compromisos del reino con la OTAN.
El pacto aún no tiene fuerza legal
Aunque la firma ya se produjo, el documento no concede fuerza legal inmediata. Debe ser ratificado por los parlamentos danés y groenlandés y por el Senado de Estados Unidos, y el proceso culmina con la notificación diplomática cruzada de su aprobación. Hasta que los tres no voten, las nuevas normas no se pueden aplicar.
Será en esas votaciones donde surjan las discusiones por la letra pequeña: los legisladores daneses y groenlandeses revisarán si los permisos militares o el control de inversiones extranjeras le restan poder de decisión a Groenlandia o solo sirven para reforzar la seguridad en la zona.
Lo que prevén las diez páginas
El pacto reconoce la soberanía e integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés. Su preámbulo cita como motivo los "desafíos de seguridad en el Ártico y el Alto Norte derivados del aumento de la actividad militar de adversarios y del creciente interés estratégico en la región".
Sus disposiciones indican que Estados Unidos construirá dos bases militares nuevas en el oeste y el sur de Groenlandia, que se suman a la base espacial Pituffik, que opera en el norte. También podrá establecer zonas de defensa adicionales, reforzar sus operaciones e instalaciones y gozar del derecho de libre acceso y circulación de sus buques, aeronaves y vehículos entre esas zonas.
El acuerdo además excluye: no se permitirá que ningún Estado que no sea miembro de la OTAN establezca sus propias instalaciones militares, salvo que Dinamarca, Nuuk y Estados Unidos lo acuerden. Y bloquea a países ajenos a la Unión Europea y a la alianza atlántica el "control, influencia importante o acceso a información no pública" en sectores sensibles del territorio. Como el texto no tiene fecha de expiración, Groenlandia deberá cumplirlo incluso si en el futuro logra la independencia de Dinamarca.
La clave está en las tierras raras
Más allá del componente militar, el objetivo determinante del acuerdo es geoeconómico. Groenlandia alberga una de las mayores reservas aún sin explotar de tierras raras del planeta, minerales indispensables para la transición energética, la aviación y la industria de defensa. El pacto pretende articular un mecanismo de veto para frenar el desembarco de capitales estatales considerados "no deseados", con la mira puesta en China y Rusia, en la minería estratégica y en las infraestructuras de transporte de la isla.
El hielo añade otro factor. Con el deshielo del Ártico, países como China o Corea del Sur ya utilizan las rutas marítimas de la región para transportar mercancías varios meses al año. Al impedir inversiones o bases de sus rivales en la isla, Estados Unidos y sus aliados se aseguran el paso entre el Ártico y el Atlántico.
El movimiento enlaza con las prioridades de la Unión Europea, que anunciará su renovada política para el Ártico el próximo 20 de octubre. En su discurso sobre el estado de la Unión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, situó a Rusia como la amenaza estructural prioritaria en la estrategia de seguridad europea y urgió a acelerar la independencia del bloque en materias primas críticas.
Las votaciones en los tres parlamentos dirán si el pacto es una solución equilibrada de seguridad o si la letra pequeña esconde fricciones de soberanía. Por ahora, el episodio muestra que, en el tablero ártico de este siglo, la diplomacia de las alianzas y el control de los recursos pesan más que la retórica de la anexión.