En Estados Unidos, la Corte Suprema permitió el viernes que vuelva a operar un sistema federal que el Gobierno de Donald Trump presenta como un mecanismo para impedir el voto de personas que no son ciudadanas —una herramienta que, según sus críticos, podría dejar sin sufragio a electores con pleno derecho.
Los magistrados acogieron la solicitud del Departamento de Justicia de bloquear la orden de una jueza federal que había impedido a los funcionarios estatales usar los números de la Seguridad Social y otros datos federales para hacer comprobaciones exhaustivas de la condición de ciudadanía de los votantes, cruzadas contra los registros del Gobierno central. Con la decisión, esa verificación vuelve a estar disponible mientras el litigio continúa.
El acuerdo de intercambio de datos gubernamental hace parte de una serie de medidas que refuerzan la implicación del Gobierno federal en el proceso electoral antes de los comicios legislativos de noviembre, en los que el Partido Republicano de Trump busca mantener el control del Congreso. La Constitución, en cualquier caso, otorga a cada estado la autoridad principal para organizar y administrar las elecciones.
¿Qué es el sistema Save?
La base de datos, conocida como Verificación sistemática de extranjeros para prestaciones (Save), fue rediseñada el año pasado por el Departamento de Seguridad Nacional para verificar la ciudadanía y la situación migratoria de una persona. Desde ese ajuste, varios estados gobernados por republicanos han cotejado sus listas electorales con el sistema, y a algunos votantes señalados como posibles no ciudadanos se les ha cancelado la inscripción.
Los grupos que demandaron para frenar la versión renovada aseguraron que el nuevo enfoque ha llevado a que personas identificadas erróneamente como no ciudadanos fueran eliminadas de los registros electorales. Su argumento es que Save puede estar desactualizado, de modo que inmigrantes ya naturalizados, con derecho a votar, terminan a veces etiquetados como no ciudadanos.
Los índices de error que citan los demandantes
La tasa de error global del sistema modificado no se conoce públicamente, y ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el de Justicia entregaron la información cuando se les solicitó. Los demandantes citaron, sin embargo, a un funcionario electoral del condado de Travis, en Texas, quien afirmó que el 25% de las coincidencias de no ciudadanos detectadas por el sistema en esa zona correspondía a personas que ya habían demostrado su ciudadanía estadounidense.
También se refirieron a informes periodísticos que revelaron que al menos el 81% de las respuestas del sistema en el condado de San Luis, en Misuri, eran erróneas.
En una sentencia de junio que bloqueaba la base renovada, la jueza federal de distrito Sparkle Sooknanan, en Washington D. C., afirmó que el sistema se elaboró de forma descuidada y contenía datos de ciudadanía poco fiables. "En definitiva, el Gobierno federal ha pisoteado a sabiendas los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el derecho sagrado al voto", escribió. "Este tribunal no puede quedarse de brazos cruzados mientras eso ocurre", añadió.
El Tribunal de Apelación para el Circuito del Distrito de Columbia se negó el 4 de septiembre, en una decisión de 2 a 1, a suspender la resolución de Sooknanan. Fue ese revés el que llevó al Gobierno a recurrir a la Corte Suprema.
Para los críticos, estas medidas de los republicanos no responden tanto a preocupaciones por la seguridad electoral como a un intento de obtener ventaja política reduciendo el electorado, con el riesgo de privar del voto a ciudadanos que, a menudo, se inclinan por el Partido Demócrata.