Varias líneas abiertas de la Justicia española conectan a funcionarios y empresarios venezolanos —y a personas cercanas al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero— con negocios de hidrocarburos, transferencias internacionales y un caso de narcotráfico. Los detalles fueron documentados por El Mundo, The Objective y ABC, a partir de actuaciones de la Audiencia Nacional, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Una de las líneas se centra en cientos de conversaciones que Delcy Rodríguez intercambió en 2021 con el empresario Víctor de Aldama mediante la aplicación cifrada Threema. De Aldama entregó los mensajes de forma voluntaria a los tribunales españoles, en el marco de su colaboración con la Justicia, y el juzgado encargó a la UCO la verificación técnica del material.
Entre esos intercambios aparece una propuesta de la empresa Pegaso Energy para la compraventa de fuel oil, fechada en junio de 2021, con referencias a cargamentos de cientos de miles de barriles de crudo venezolano, dificultades logísticas para sacar los productos desde puertos de Venezuela y transferencias hacia cuentas bancarias en Rusia.
Los investigadores también buscan establecer si las gestiones que De Aldama realizó en Sudamérica tienen relación con otros procesos penales abiertos en España.
Dinero en la órbita de Zapatero
Otra línea conduce a Whathefav, una empresa propiedad de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Los informes de la UDEF registran una transferencia de 20.000 euros recibida en 2020 desde el inversionista venezolano Danilo Alfonso Díazgranados Manglano, quien figura bajo investigación en el expediente relacionado con la aerolínea Plus Ultra. A ese movimiento se suman otros por 20.993,50 euros procedentes de Agropecuaria Lucena, sociedad vinculada a Julio Martínez Martínez.
Por esos movimientos financieros, la Audiencia Nacional citó en calidad de investigadas a las hijas del exmandatario español.
El frente del narcotráfico
La investigación tiene además una vertiente por narcotráfico. En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas fueron detenidos dos ciudadanos venezolanos en un operativo vinculado a una causa que permanece bajo secreto sumarial. Uno de ellos es José Manuel Escorihuela, quien fue ministro consejero de la embajada de Venezuela en Madrid y luego integró el departamento a cargo de Coromoto Godoy. Escorihuela fue interceptado cuando transportaba 50 kilos de cocaína. En el mismo procedimiento fue capturado Kelvin Jesús Matos.
El secreto de la investigación impide conocer, por ahora, el alcance de la estructura que buscan establecer las autoridades españolas.
Las pesquisas coinciden además con movimientos en la representación diplomática venezolana: en marzo de 2026, Delcy Rodríguez designó a Coromoto Godoy como representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas.
Rodríguez, al frente del gobierno encargado
Estas pesquisas se desarrollan mientras Rodríguez ocupa la presidencia encargada de Venezuela, cargo que asumió el 5 de enero de 2026, dos días después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos. Maduro permanece bajo proceso penal en un tribunal federal de Nueva York, acusado de narcotráfico.
En medio de las preguntas sobre cuándo habrá nuevas elecciones presidenciales, Rodríguez respondió el pasado 2 de septiembre: «yo no fijo fecha». El senador estadounidense Bernie Moreno propuso el 24 de julio de 2027 como fecha para los comicios, con el respaldo de María Corina Machado y de Vente Venezuela. Sin embargo, de acuerdo con la información citada en el expediente electoral, el Consejo Nacional Electoral no está constituido, no ha emitido una convocatoria oficial y tampoco existe un Registro Electoral actualizado.