Foto: Donald J. Trump - THANK YOU to all of the great men and women at the U.S. Customs and Border Protection facility in Yuma, Arizona & around the United States! - TwitterCard / Wikimedia Commons
La Administración de Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita reanudar la construcción de un muro y otras infraestructuras de seguridad en una zona remota de Texas, cerca de la frontera con México. El proyecto está suspendido por una orden judicial y tiene un costo estimado de US$1.700 millones.
El Departamento de Justicia solicitó al máximo tribunal que levante la medida emitida por un tribunal inferior, que impide continuar las obras en un territorio fronterizo de unos 800 kilómetros que incluye el parque nacional Big Bend.
Los fiscales calificaron la orden como un obstáculo para la obligación del Gobierno de proteger una cuarta parte de la frontera frente a incursiones irregulares de migrantes y al narcotráfico.
Un proyecto dentro de una zona protegida
El plan contempla una barrera fronteriza, una carretera, cámaras, sensores y estructuras para impedir el paso de vehículos. La iniciativa ha provocado opiniones divididas por su impacto en el entorno.
El parque nacional Big Bend tiene más de 324.000 hectáreas de tierras protegidas a lo largo de la frontera. En la zona hay especies amenazadas, yacimientos arqueológicos y paisajes considerados emblemáticos.
Las organizaciones conservacionistas que demandaron al Gobierno en abril sostienen que la Administración habría vulnerado la Constitución al eximir las obras del cumplimiento de decenas de leyes, principalmente ambientales, con el argumento de acelerar la construcción.
A comienzos de 2026, Kristi Noem, entonces secretaria de Seguridad Nacional, determinó que el Gobierno no tenía que cumplir varias de esas normas debido a una supuesta necesidad urgente de combatir la entrada irregular de migrantes y el narcotráfico.
Una prioridad de la política migratoria
La construcción del muro fronterizo es una de las prioridades de la política migratoria de Trump. Al regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente ordenó reforzar la seguridad en la frontera sur mediante barreras físicas y otras infraestructuras de control.
La Corte Suprema deberá determinar si la Administración puede continuar las obras mientras avanza el proceso judicial sobre las objeciones ambientales y constitucionales planteadas por las organizaciones demandantes.