El Gobierno de Colombia pidió ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz mantenga el seguimiento a la reincorporación de excombatientes y las garantías de seguridad, pero retire de su mandato la reforma rural integral.
La solicitud fue presentada por el canciller Omar Bula, quien sostuvo que el componente rural del acuerdo tiene una naturaleza distinta porque constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo. Según su planteamiento, su ejecución debe integrarse a la institucionalidad permanente del Estado colombiano.
Bula afirmó que Colombia reconoce sus compromisos internacionales y continuará implementando el Acuerdo Final dentro del marco de la Constitución, la ley y las obligaciones jurídicas vigentes. También defendió la consigna del Gobierno de que “sin seguridad no hay paz”.
Durante su intervención, el canciller mencionó cifras de violencia posteriores a la firma del acuerdo, entre ellas 132.930 asesinatos, cerca de 100.000 casos de extorsión y más de 2.750 secuestros. A partir de esos datos, sostuvo que la paz “ha sido inexistente”.
La propuesta aún debe ser evaluada
La modificación solicitada fue coordinada con el Ministerio de Agricultura y está sujeta a la decisión de los países miembros del Consejo de Seguridad. El Gobierno sostiene que Colombia cuenta con instrumentos normativos e institucionales para continuar las políticas de acceso a tierras, formalización de la propiedad y desarrollo productivo sin depender del mecanismo internacional de seguimiento.
La propuesta no recibió respaldo unánime. Dinamarca defendió la relevancia estratégica de los compromisos del acuerdo y señaló que la reforma rural puede contribuir a la paz, la seguridad y el desarrollo económico. Estados Unidos, por su parte, afirmó que el cumplimiento completo del acuerdo sigue siendo esencial para una paz duradera, aunque valoró que el Estado colombiano asuma la responsabilidad sobre la reforma agraria.