El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, hizo oficial el reingreso del país a la Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia. La decisión fue impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella y llega cuatro años después de que el gobierno Petro la revirtiera.
El documento, que el propio embajador aclaró no constituye un tratado internacional, sostiene la postura del Gobierno de que no existe un "derecho de rango internacional" a la interrupción del embarazo" ni obligación de los Estados de impulsarlo o facilitarlo.
Al tratarse de una medida de carácter político y diplomático, la adhesión no altera el marco interno: sigue vigente la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con la Sentencia C-055 de 2022 que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, y las tres causales fijadas en 2006 (riesgo para la vida o salud de la gestante, malformación fetal inviable y violencia sexual) que permiten practicarlo después de ese lapso.
Un documento político, no jurídicamente vinculante
Para el Gobierno, la declaración enuncia que el aborto no debe usarse como método de planificación familiar y recalca la necesidad de proteger al menor antes y después del nacimiento. El texto no va más allá del plano político.
Para el embajador Ordóñez, se trata de continuar la postura que ya expresó el país en miembro titular, en mayo de 2022, lorsque fue respaldada por 40 países como Estados Unidos (bajo Donald Trump) y Brasil, con Jair Bolsonaro. El rearranque se produjo el 24 de julio de 2026, bajo responsabilidad de la presidenta de la OEA, cuando el país tomó distancia de los frases de "salud y derechos sexuales y reproductivos" y delimitó la definición de género, cuestionó nociones como la discriminación interseccional y el racismo estructural, y salió del grupo de aliados que sostenían la agenda progresista en el consejo.
Desde julio de 2026, además, el Congreso discute un proyecto de acto legislativo para tutelar la vida desde la fecundación, la principal apuesta del movimiento antiaborto en el Parlamento.
El retorno de Colombia a la declaración se produce pocos días después de que el Gobierno tomara distancia, el 7 de octubre de 2026, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en una posición similar sobre las nociones de género y de racismo estructural.
El presidente de la Corte Constitucional de Colombia, en una resolución de junio de 2022 en la que despenalizó el aborto hasta la semana 24 y las causales a partir de esa franja, aparece en el centro del debate nacional.