A tres meses del terremoto del 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), la Comisión Accidental Bicameral del Congreso exigió al Gobierno un cronograma verificable para las ayudas humanitarias, las soluciones de vivienda y las obras de reconstrucción en las zonas afectadas.
La sesión de control político, presidida por la senadora Norma Hurtado Sánchez, del Partido de la U, dejó en evidencia el malestar de los legisladores por la distancia entre los anuncios oficiales y lo ejecutado en Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.
Los congresistas también reclamaron la inasistencia del gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe Tamayo, a quien le pidieron precisar qué montos se han comprometido, cuánto dinero se ha girado efectivamente y qué proyectos cuentan con aprobación.
Vivienda: promesas sin adjudicar
El principal foco del reclamo fue la vivienda. A finales de octubre el Ministerio de Vivienda reportó gestiones para movilizar un inventario cercano a las 4.700 unidades y proyectó la entrega de hasta 5.000 casas, pero en el debate se advirtió que ninguna de esas cifras corresponde a inmuebles ya adjudicados a la población damnificada.
Los legisladores pidieron claridad sobre el estado de los subsidios de arrendamiento, el mejoramiento de predios, la remoción de escombros y el respaldo a quienes permanecen en alojamientos temporales. A eso se sumaron las diferencias entre los censos de damnificados reportados por las entidades nacionales y los de los entes territoriales, así como los trámites y certificaciones pendientes que mantienen frenada la ejecución de recursos.
Alivio para las economías locales
Más allá de la infraestructura residencial, la comisión subrayó la urgencia de medidas para los pequeños comerciantes, empresas y locales afectados por la emergencia. Solicitaron definir reducciones en las tarifas de servicios públicos y planes concretos para dinamizar las economías locales, con metas, responsables y fechas comprobables.
"Tres meses después del terremoto, el Milagro no llegó", resumió la representante del Pacto Histórico Ana Leidy Erazo Ruiz al cierre de la jornada.
Los integrantes de la célula legislativa acordaron mantener el seguimiento permanente y trasladar las audiencias públicas a los territorios golpeados para verificar el cumplimiento de los compromisos del Gobierno.